UGT Cantabria rechaza el despido colectivo planteado por Vodafone

El Comité Regional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria ha aprobado hoy una resolución de rechazo al despido colectivo planteado por Vodafone para una cuarta parte de su plantilla en España, empresa que en Cantabria cuenta con 30 trabajadores.

En un comunicado, este sindicato achaca la decisión a "la incapacidad demostrada y reiterada de la dirección" de Vodafone, que aún no ha aclarado cómo se distribuiría por territorios el despido colectivo propuesto.

"Los continuos errores de gestión y estratégicos cometidos a lo largo de estos tres últimos años, junto con la agresiva competitividad del sector, nos han llevado a esta situación que ahora se pretende paliar con la reducción de plantilla", ha lamentado UGT.

El Comité Regional de FeSMC-UGT, máximo órgano entre congresos, también ha aprobado otra resolución en la que reitera la petición del sindicato de derogar las reformas laborales de 2010 y de 2012 "que han abierto las puertas a los mayores niveles de precariedad laboral conocidos hasta ahora".

En esta resolución, la federación ugetista se congratula del incremento del salario mínimo interprofesional aprobado para este año de 2019, aunque precisa que este incremento tiene que ser sólo un primer paso hasta alcanzar como mínimo los 1.000 euros mensuales, la misma cuantía que el último Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva recomienda para los salarios mínimos de convenio colectivo.

El Comité Regional ha aprobado también una tercera resolución en la que insiste en incluir en los contratos de licitación de las administraciones públicas a empresas privadas cláusulas sociales, laborales y medioambientales que garanticen los derechos de más de 13.000 trabajadores que en Cantabria trabajan para alguna adjudicataria de un servicio público.

Esta propuesta, que UGT ya trasladó a la Concertación Social, al Gobierno de Cantabria y a la Federación de Municipios, pretende evitar la creciente conflictividad laboral en muchas de estas adjudicaciones de servicios públicos a empresas privadas por no cumplirse las condiciones estipuladas en los pliegos de concesión.

La propuesta de UGT se refiere a la inclusión de cláusulas que permitan el cumplimiento del convenio colectivo, el pago de los salarios, la subrogación de las plantillas cuando cambie el titular de la concesión, límites en los precios, la eliminación de ofertas temerarias, la prohibición de subcontratación, la exclusión por infracciones y la creación de una comisión de seguimiento y control de las adjudicaciones.

En este sentido, el sindicato insta a las administraciones públicas cántabras a "no prorrogar los contratos de concesión a aquellas empresas adjudicatarias que están incumpliendo la legislación laboral y generando una conflictividad inaceptable".

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