Trabajo declara nulos contratos de alcaldesa y ediles de Valle de Tobalina

La Inspección de Trabajo ha declarado nulos de pleno derecho los contratos de la alcaldesa de Valle de Tobalina (Burgos) y los cuatro concejales del equipo de gobierno (PP) por su naturaleza laboral, por cuenta ajena, ya que todos ellos ejercen sus funciones municipales como miembros "electos".

El auto de la Inspección de Trabajo de Burgos, recibido la pasada semana, exige al Ayuntamiento de Valle de Tobalina, gobernado por el PP, que anule y deje sin efecto los contratos suscritos en septiembre de 2015.

La resolución deriva de una denuncia interpuesta por el PSOE en el mes de mayo, ha recordado hoy en rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Diputación de Burgos, David Jurado.

La formación detectó una irregularidad al examinar el presupuesto de 2017 y encontrar una partida de 58.000 euros para nóminas de la alcaldesa y los cuatro concejales.

El pleno de septiembre de 2015 aprobó las dedicaciones exclusivas parciales de los cinco corporativos, con retribuciones anuales de 20.000 euros, en el caso de la regidora, y de 6.000 euros para cada uno de los ediles, ha explicado Jurado.

La irregularidad se ha cometido al suscribirse sendos contratos laborales por obra y servicio a tiempo parcial, cuando los cargos públicos ejercen sus funciones como cargos "electos".

En el auto de la Inspección de Trabajo se certifica que alcaldesa y concejales estaban dados de alta de manera correcta en el Régimen General de la Seguridad Social como altos cargos no funcionarios.

Sin embargo, "no encuentra amparo legal el hecho de arrogar una forzada naturaleza laboral" en la relación con el Ayuntamiento, a través de un contrato laboral temporal por obra y servicio.

Trabajo recuerda que la alcaldesa y los concejales "ejercen sus funciones como miembros electos y no en el marco de una relación de trabajo laboral por cuenta ajena".

Por su parte, Jurado ha asegurado que un contrato laboral como el suscrito en Valle de Tobalina conlleva una serie de derechos, como la prestación de desempleo, que no le corresponden a cargos electos.

Por todo ello, la Inspección de Trabajo exige al Consistorio que solicite la declaración de los contratos como nulos, dejándolos sin efecto ante el servicio de empleo de Castilla y León.

El socialista ha explicado que dispone de siete días para cumplir con el mandato de Trabajo, de lo contrario se impondrá una sanción.

Mientras, el PSOE exige responsabilidad políticas, comenzando por la dimisión de la alcaldesa y, en su defecto, que el presidente del Partido Popular de Burgos, César Rico, "tome cartas en el asunto".

Además, los socialistas recuerdan que si no se cumple con el auto de la Inspección de Trabajo se estaría incurriendo en un delito de "prevaricación".

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