Santesteban (CGT) dice que "no tiene un pase" el convenio con la CUN

El convenio con la Clínica Universidad de Navarra para la atención sanitaria de sus trabajadores y familiares "no tiene un[…]

El convenio con la Clínica Universidad de Navarra para la atención sanitaria de sus trabajadores y familiares "no tiene un pase" pues supone "costear" con dinero público "una atención privada" solo para "una parte" de la población, afirma Joseba Santesteban, de Comunicación de CGT.

La sanidad "es un bien común y como tal universal, por tanto sólo desde lo público es posible garantizar la prestación sanitaria en dichos términos", dice en un comunicado, y agrega que "la obligación de la administración es gestionarla eficientemente y la misión de cualquier gobierno es la de obrar con inteligencia capitalizando el Sistema Público Sanitario".

En ella recuerda que sobre este asunto ya se ha pronunciado la Cámara de Comptos en un informe en el que "cuestionaba la razonabilidad del contrato".

Comptos, según puntualiza, incidía en que los conciertos ó contratos para la prestación indirecta de servicios sanitarios se deben realizar "optimizando previamente los recursos propios", como "no puede ser de otra manera".

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Agrega al respecto que la prestación sanitaria "es una obligación reservada a las administraciones, y estas, en todo caso, pueden acudir a la prestación privada, mediante conciertos, en última instancia".

En este caso, destaca Santesteban, el convenio le ha reportado a la CUN desde 2008 "la nada despreciable cifra de 14 millones de euros" a cuenta de la atención sanitaria a 7.000 personas, "un beneficio" para la Clínica "incuestionable" ya que "se establece una cantidad a percibir que para nada se regulariza en cuanto a atenciones reales que se produzcan".

Se trata, afirma el dirigente de CGT, de "una burda manera de subvencionar" a una entidad privada que aplica tarifas "no precisamente baratas", al tiempo que cuestiona que la misma empresa gestione los procesos de salud y enfermedad de sus trabajadores, por lo que "los intereses de la plantilla pueden verse afectados".

Y "esta posibilidad no puede estar subvencionada por la Administración que, en todo caso, debe ser garante en la custodia de los derechos de estas personas frente al posible abuso", señala.

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