Prevén para ese año 5.720 actuaciones para prevenir riesgos laborales

La planificación diseñada entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contempla 5.720 órdenes de servicio en este año con el objetivo de mejorar la prevención de riesgos laborales.

La Inspección se ocupará en esta materia, tanto de la investigación de los accidentes y enfermedades profesionales que se notifiquen, como de las condiciones de seguridad en el trabajo y la gestión de la prevención que se realiza en las empresas dirigida a incrementar la cultura preventiva en materia de seguridad laboral en la estructura económica de Canarias.

En un comunicado, el director general de Trabajo, José Miguel González, señala que la filosofía con la que la Inspección, junto con el equipo técnico del Instituto Canario de Seguridad laboral (ICASEL) interviene cuando se produce un accidente, es analizar todos los factores que lo han provocado, sobre todo en los mortales y graves, pero también en los accidentes leves que con más frecuencia se notifican, pues conociendo las razones mejoramos y evitamos las reincidencias.

González destaca la celeridad con la que interviene el personal de la Inspección junto a los técnicos del ICASEL que acude sobre la marcha en la mayoría de las ocasiones y de una manera coordinada entre todas las administraciones, 112, fuerzas de seguridad y juzgados, lo que agiliza el trabajo.

En cuanto a las enfermedades profesionales notificadas, se investigarán principalmente aquellas en las que el agente material pertenezca a agentes químicos, biológicos, carcinogénicos; las causadas por agentes físicos, las producidas por vibraciones, radiaciones menores de 18 años, hipoacusia y las que requieran tratamiento hospitalario, o baja superior a 15 días, o de trabajadores de ETT.

Durante el pasado año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social investigó un total de 12 accidentes mortales, 159 graves y 356 leves, además de 19 enfermedades profesionales.

Estas intervenciones hicieron que se realizaran 237 requerimientos y se propusieron 270 infracciones por más de un millón de euros además de 282 propuestas de recargo de prestaciones al Instituto Nacional de Seguridad Social.

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