Parlamento Europeo aprueba mañana su propuesta para trabajadores desplazados

El Parlamento Europeo (PE) votará mañana su propuesta de reforma de la directiva de trabajadores desplazados que, de aprobarse, dará lugar al inicio de las negociaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento, con la inclusión o no del sector del transporte como punto más conflictivo.

El Pleno de la Eurocámara deberá decidir si autoriza el inicio del trílogo, las negociaciones en las que la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, tratarán de consensuar un texto en común con sus respectivas propuestas.

La CE propuso reformar esta directiva, que data de 1996, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que son desplazados por su empresa a otro país, garantizándoles salarios justos y mejorando su protección, al tiempo que se ataja la competencia desleal de las compañías.

El texto que defenderá en el trílogo el Parlamento Europeo establece que estos trabajadores deben recibir la misma remuneración que los locales, incluidas pagas extra y prestaciones, al tiempo que se les deben aplicar los convenios colectivos del país de destino.

Estas condiciones serían aplicables a estos trabajadores únicamente durante 24 meses, para pasar después a estar amparados por la legislación del país de destino.

Si bien con este período de duración hay divergencias con los 12 meses que proponía la Comisión y los 18 que aprobó ayer el Consejo.

Pero el punto más conflictivo es el relativo al sector del transporte por carretera, ya que el PE lo incluye en su propuesta, hasta que se apruebe una regulación específica en el paquete de movilidad -que comenzará a negociarse el año que viene-, a diferencia del Consejo, que decidió dejarlo fuera de la directiva.

La diferencia de puntos de vista entre las tres instituciones europeas hace augurar una negociación muy larga, según ha explicado a Efe el eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez.

Esto se debe a que, según se vaya pactando, cada artículo debe ser consensuado por los 27 Estados miembros del Consejo Europeo, todos los grupos parlamentarios del Parlamento y por la Comisión Europea al completo.

Todo ello, con la vista puesta en lograr un acuerdo antes del final de la Legislatura, en junio de 2019, porque si no se complicaría su aprobación.

Según los últimos datos disponibles de la Unión Europea (UE), en 2015 había 2,05 millones de trabajadores desplazados, empleados por empresas de un país miembro y enviados a otro Estado a realizar una tarea concreta, estando sujetos a las normas laborales de su país de origen.

Se trata de una práctica común en determinados sectores como la construcción, que representa el 42 % de los desplazamientos, seguido de la industria manufacturera (21,8 %), los servicios sociales y de salud (13,5 %) y los negocios (10,3 %).

La actual directiva establece únicamente unas condiciones mínimas para estos trabajadores, como un salario mínimo, jornada laboral máxima, vacaciones remuneradas, las condiciones de subcontratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y condiciones de seguridad, salud e higiene en el trabajo.

Además, la normativa tiene vacíos legales que permiten a empresas aprovechar la diferencia de costes laborales entre los distintos países.

Como los empleadores sólo están obligados a abonar el salario mínimo establecido en el país anfitrión, estos trabajadores desplazados generalmente ganan menos que los locales por el mismo trabajo, una rebaja que puede alcanzar hasta el 50 %, lo que favorece el "dumping social".