Más de 500 limpiadoras de centros públicos, en huelga indefinida por impagos

Más de quinientas trabajadores de las empresas Limpiezas Raspeig SL y Netalia, adjudicatarias del servicio de limpieza de diferentes centros públicos valencianos, están llamadas por los sindicatos CCOO y UGT a una huelga indefinida a partir del 18 de febrero por los impagos reiterados que padecen.

La situación afecta al personal empleado en la limpieza de 85 Institutos de Secundaria de las tres provincias pertenecientes a la Conselleria de Educación, Subdelegación de Gobierno, Tesorería de la Seguridad Social e INSS, entre otros, según CCOO.

Unas trescientas empleadas han asistido este viernes a una asamblea en la sede de CCOO y la mayoría de las intervenciones ha expresado su apoyo a las medidas de presión.

También han señalado como máxima responsable a la empresa, a la Conselleria de Educación y otros centros públicos dependientes de la Administración central y la Generalitat, según un comunicado del sindicato.

Tras la asamblea, las personas asistentes se han desplazado hasta el Palau de la Generalitat para manifestar su hartazgo y reclamar los salarios y pagas retenidas por las empresas Raspeig y Netalia, que ascienden, en algunos casos, hasta 2.500 euros, con salarios promedios de las trabajadoras en torno a 500 euros por jornadas parciales.

Las trabajadoras han reivindicado "menos palabras y más soluciones" a la Administración porque es quien contrata a estas empresas sin solvencia económica, añade el sindicato.

Como resultado de la concentración, representantes de CCOO y UGT han sido recibidos por José Villar Ribera, subsecretario de la Conselleria de Educación, que les ha trasladado que "la administración está al día en los pagos a dichas empresas, y que se le han abierto dos expedientes por impago a las trabajadoras, sin descartar otras medidas".

Sin embargo, ambos sindicatos anuncian que seguirán la hoja de ruta establecida en la asamblea y han convocado una huelga indefinida a partir del 18 de febrero, a la que están convocados unos 500 trabajadores y trabajadoras de ambas empresas.

El calendario de movilizaciones incluye sendas concentraciones previstas el próximo jueves en las tres provincias.

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha admitido el problema y ha señalado la necesidad de contar con un marco normativo más proteccionista con los derechos laborales y más exigente con las empresas.

"Es intolerable que una empresa no pague a sus trabajadores y más cuando son concesionarias de la Administración Pública", ha señalado Oltra, quien ha recordado que las administraciones, como la Generalitat, deben ser "socialmente responsables" y en casos como éste tienen difícil revocar la adjudicación de un contrato.

A su juicio, "hay muchas exigencias a muchos niveles pero la legislación sigue sin poner en el centro los derechos laborales", al tiempo que ha sugerido que aquellas empresas con antecedentes de incumplimientos de este tipo no puedan acceder tan fácilmente a la contratación pública.EFE

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