La reforma laboral francesa pretende clarificar las reglas a los inversores

El primer ministro francés, Edouard Philippe, justificó hoy la reforma para flexibilizar el mercado laboral, entre otras cosas, para clarificar[…]

El primer ministro francés, Edouard Philippe, justificó hoy la reforma para flexibilizar el mercado laboral, entre otras cosas, para clarificar las reglas a los inversores y simplificarlas, de forma que las empresas puedan ajustarse más rápido a los vaivenes de su coyuntura.

"Nuestro objetivo es hacer más claras y más seguras las reglas que se aplican", así como ofrecer "simplicidad" a los inversores que se quejan de "las incertidumbres" del derecho laboral, señaló en una conferencia de prensa en la que presentó los cinco decretos que el Consejo de Ministros adoptará el 22 de septiembre y que entrarán en vigor a finales de ese mes.

Frente a las reticencias de quienes acusan al Ejecutivo de fragilizar los derechos de los trabajadores -y que anuncian una jornada de huelga el 13 de septiembre y una manifestación el 23-, aseguró que "Francia es un Estado de derecho social y lo seguirá siendo".

Pero añadió que el país "no puede mantenerse inmóvil" y, atendiendo a la situación de "décadas de paro masivo", ahora hay que "recuperar los años de tiempo perdido".

Aunque reconoció que la actual legislación laboral "no es la primera causa del paro en Francia", apuntó que en la práctica "no protege eficazmente" a los asalariados ni favorece la contratación porque los empresarios, en particular los de las pymes, la consideran "un freno" por su incertidumbre.

Su ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, además de insistir en el proceso de "concertación" efectuado con los sindicatos y la patronal (300 horas este verano), detalló algunas de las 36 "medidas operativas".

Entre ellas, la autorización para que las empresas de menos de 50 asalariados discutan con los representantes de los trabajadores, incluso cuando éstos no estén sindicados, muchas cuestiones que ahora dependen de la negociación sectorial.

De forma general, las empresas -con acuerdo mayoritario de los asalariados- podrán determinar cuestiones como el tiempo de trabajo o ciertos aspectos de la remuneración (como las primas) saltándose los convenios sectoriales, y con el único límite de lo que disponga la ley.

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Otro de los puntos más polémicos es el establecimiento de un baremo de indemnizaciones en caso de despido improcedente al que se tendrán que ajustar los dictámenes de la Magistratura de Trabajo, para terminar con la gran horquilla actual, aunque eso no se aplicará cuando detrás del despido hubiera un caso de discriminación.

Igualmente genera suspicacias en la esfera sindical que las compañías puedan recurrir a un despido colectivo amparándose en una mala situación económica de la filial francesa, aunque el grupo globalmente sea sólido financieramente.

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