La Junta de personal de funcionarios exige la equiparación salarial
La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales ha exigido este martes la equiparación salarial con el resto de[…]
La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales ha exigido este martes la equiparación salarial con el resto de funcionarios de España ya que en Castilla y León se cobra el 20 por ciento menos que en el resto de comunidades, según ha denunciado en un comunicado.
La Junta de Personal de funcionarios ha considerado que las diferencias de sueldo con otras regiones son "escandalosas" y "humillantes", tanto en retribuciones básicas como en complementos específicos, además de la promoción, la evolución profesional o las ayudas sociales.
Ante esta situación, la Junta de Personal ha urgido la convocatoria de la Mesa de Negociación de Funcionarios en la que figure, como único asunto dentro del orden del día, la equiparación salarial para este año del personal funcionario de la Junta respecto al resto de funcionarios de otras comunidades.
Y exigen que etas medidas se contemplen en los presupuestos del Ejecutivo autonómico para este año.
Por otra parte, la Asociación de Laborales Indefinidos de Castilla y León (ALICYL) ha exigido la destitución de la viceconsejera de Función Pública de la Junta, Marta López, por su "errática, estrafalaria y caótica forma de gestión de la política de personal" y le acusa de incumplir la Directiva Europea en este asunto.
Prueba de ello es que ha aprobado un Catálogo de Puestos Tipo que ha sido anulado por reiteradas y recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
A raíz de esto, están siendo suspendidos los concursos de traslados del personal funcionario en diferentes organismos, de momento se han presentado 43 recursos contra las Relaciones de Puestos de Trabajo y el concurso abierto de traslados y presumiblemente se presentarán ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León, varias impugnaciones a la Oferta Público de Empleo ?OPE?.
Es impresentable que todo lo que se hace desde Función Pública termine en los Tribunales y, en la mayoría de los casos, éstos terminen quitándole la razón a la Junta de Castilla y León.
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