La España despoblada pide que se le reduzca la fiscalidad a la mitad

El informe sobre la aplicación de ventajas fiscales en Soria, Cuenca y Teruel defiende que se reduzca a la mitad la fiscalidad que soportan estas provincias para que sirva de impulso a la hora de frenar la despoblación que sufren.

Así se recoge en el informe que la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), conformada por las patronales de Soria, Cuenca y Teruel, ha presentado este viernes en la capital soriana, que plantea ventajas fiscales para revertir la despoblación en estas provincias que tienen menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

El estudio, elaborado por la Universidad de Valladolid, plantea, según ha detallado uno de sus autores, el catedrático de Economía, José Antonio Herce, una propuesta fiscal con cabida en el ordenamiento fiscal y jurídico tanto español como europeo.

"Sería bueno que la factura fiscal de todos los residentes, tanto personas jurídicas como físicas, en la ultraperiferia demográfica se redujera a la mitad, al 50 por ciento de bonificación de la factura fiscal en los grandes impuestos con el objeto de devolver poder de compra y de negocio", ha planteado.

Herce ha precisado que para que esa ayuda fuera admitida por la UE y "no fuese considerada una ayuda de Estado que atenta a la competencia" deberían hacerse modificaciones en los conceptos de las ayudas que sí están exceptuadas en el Tratado de funcionamimiento de la Unión Europea para que puedan ser consideradas también en el plano demográfico.

"No hace falta estar a 2.000 kilómetros de Madrid para tener derecho a unas ayudas de este tipo que te ayude a compensar situaciones estructurales como la despoblación y te permita salir adelante", ha recalcado el experto.

Herce ha asegurado que sería necesaria una alianza de Estados miembros de la UE que tienen territorios que sufren la despoblación.

Además ha recordado que ya hay excepciones fiscales en España, como las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que cuesta mucho más que la propuesta fiscal planteada para los territorios de Soria, Cuenca y Teruel.

"Para Soria, Cuenca y Teruel, el coste de la propuesta que hacemos es de 335 millones, apenas de 80 millones para las arcas fiscales en Soria, pero los beneficios de esa excepcionalidad fiscal por baja población se traducirían en 4.000 empleos, de los cuales casi 900 serían en Soria, y 267 millones de euros de actividad económica adicional en las tres provincias", ha argumentado.

Herce ha defendido que además esta actividad económica extraordinaria tendría un retorno económico para la propia Administración tributaria, por generar bases imponibles adicionales.

"Sería un factor de atracción muy importante. La palanca fiscal es la más fácilmente puede activar estos territorios; veríamos un resurgimiento con nuevos pobladores, tanto empresas como residentes", ha reflexionado.

El experto ha señalado que ha detectado mucho interés a las instancias en las que han presentado el informe para trasladárselo a las instancias fiscales.

En España hay, según datos oficiales del INE, 1.271 municipios con menos de 100 habitantes (media de 58), que en total suman 73.443 habitantes; mientras los 2.665 municipios de entre 100 y 500 habitantes, con una media de 249 habitantes cada uno, tienen en conjunto 663.786 habitantes.

A la presentación del informe han asistido la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por impulsar las medidas fiscales para territorios despoblados y ha confirmado que la comisionada sobre el reto demográfico, Isaura Leal, presentará la estrategia contra la despoblación, que está ultimando.

Y también ha contado el acto con el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, que ha agradecido el trabajo realizado por esta red para impulsar una nueva fiscalidad en territorios despoblados, con medidas específicas tanto en el impuesto de sociedades como IRPF que no ha "visto reflejados en los presupuestos del Estado".

Fernández Carriedo ha recordado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió en 2016 un informe ante el Comité de las Regiones en Europa que fue aprobado por unanimidad para que los fondos de cohesión se centrarán también en políticas demográficas "y dos años después el Parlamento europeo incide en esa misma dirección".

"Hay que incidir en los dos aspectos en el futuro, tanto que los Presupuestos del Estado incorporen ventajas fiscales a la iniciativa demográfica como que lo hagan en mayor medida el Parlamento europeo", ha revindicado.EFE

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