La empresa dice que hay acuerdo para indemnizar por el cierre de residencia

Empresa y representantes de los trabajadores han llegado este miércoles a un acuerdo sobre las indemnizaciones a percibir por parte de la plantilla ante el cierre de la residencia de mayores ?El Drago del Marqués?, en la zona de Ifara de la capital tinerfeña, informó la compañía que la gestiona.

En un comunicado de Amavir residencia para mayores se señala que el cierre se debe a la decisión del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de declarar nulas las licencias con las que funcionaba desde 2009, y añade que el acuerdo se ha producido antes de que culminara el plazo máximo del periodo de negociación del ERE.

La decisión del Tribunal Supremo se produjo al no admitir un recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de declarar nulas las licencias de construcción y de actividad y habitabilidad que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concedió en 2003 y 2009 a la residencia de mayores "El Drago del Marqués".

Las decisiones judiciales tiene su origen en la denuncia hecha por un vecino de la zona y las licencias fueran declaradas nulas al estimar que no se ajustaban al plan urbanístico de esa época.

La empresa que gestiona el centro indica que sobre la base de la indemnización legalmente establecida se ha añadido una adicional para aquellos en los que la pérdida del puesto de trabajo tenga un impacto mayor y que, "de facto", asegura que aplicará a la gran mayoría de la plantilla.

Según la empresa, además de la indemnización se ha contratado una entidad de recolocación ubicada en Santa Cruz de Tenerife que va a estar a disposición de todos los trabajadores para favorecer su empleabilidad, y comenta que se ha acordado la recolocación de algunos de ellos en otras residencias de la compañía.

En el comunicado se señala que la empresa "se ha visto obligada al cierre de la residencia en cumplimiento de las resoluciones judiciales, que son firmes desde mediados de enero, quedando por tanto la residencia en una situación de ilegalidad desde ese momento, puesto que la ley deja claro que no es posible la legalización de licencias anuladas".

Lo que se plantea ahora es si el plan que el Ayuntamiento "lleva anunciando desde principios de enero, y del que todavía no se tiene noticia, va a permitir acometer obras en el centro para pedir una nueva licencia (nunca legalizar la licencia anulada)".

Si ese plan se ajusta a la legalidad, la empresa está dispuesta a analizarlo, acometer las obras y, en consecuencia, poder reabrir la residencia en el futuro, se afirma en la nota de prensa.

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