FeSP-UGT urge al Gobierno a cumplir los acuerdos para los empleados públicos

El secretario general de FeSP-UGT de La Rioja, Fernando Domínguez, ha exigido hoy al Gobierno regional a cumplir de forma "inmediata" los acuerdos pactados el pasado mes de septiembre para recuperar los derechos de los empleados públicos suspendidos en la crisis.

Domínguez, acompañado por la secretaria del sector de Enseñanza de FeSP-UGT de La Rioja, Alicia Romero, ha recordado en una rueda de prensa que estos acuerdos, logrados por UGT y CCOO en la Mesa General de Negociación, se ratificaron con el presidente del Gobierno riojano el pasado 19 de octubre.

Entre las medidas incluidas en este acuerdo, han citado el pago íntegro de las bajas por enfermedad, desde el primer día; la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad de hasta 20 semanas antes de que finalice 2023; y una subida salarial con cargo al 0,2 por ciento de los fondos salariales.

En educación, también se pactó la concesión de dos días para libre disposición; excedencias intermitentes para cuidado de hijos; y la reducción a 19 horas lectivas semanales en Secundaria en el curso 2019-2020 y 18 horas en el curso 2020-2021.

Sin embargo, la administración autonómica aún no ha puesto en marcha el decreto que tiene que regular estas medidas, ya que algunas se deberían poner en marcha este mismo año, ha agregado Domínguez.

Además, está pendiente de negociación el desarrollo de la carrera profesional, que es algo incluido en los Presupuestos Regionales de este año.

"La paciencia de los empleados públicos tiene un límite, les han pedido responsabilidad durante los años de la crisis y ellos han respondido y han seguido trabajando a pesar de los recortes", ha subrayado.

Por ello, ha dicho que su sindicato no descarta poner en marcha movilizaciones si en diciembre no se cumplen los acuerdos pactados.

Romero ha pedido a la administración regional "más agilidad" en el cumplimiento de los trámites para poner en marcha todas estas estas medidas, porque ya ha pasado un plazo prudencial.

Ha precisado que en otras comunidades también han comenzado movimientos "de presión" para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, como los profesores en Cataluña o los médicos en Andalucía.

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