Exempleados Aspanas piden que se investigue "a culpables" de liquidar entidad

La plataforma integrada por familiares y extrabajadores de la mercantil Aspanas Termal, S.L.U. ha anunciado hoy, a través de su abogado, Xoan Antón Pérez Lema, la presentación de sendas denuncias contra el concurso de acreedores y ante el juzgado orensano para pedir que se "depuren responsabilidades".

Exigen que se determine quiénes fueron "los culpables" del cierre del centro especial de empleo que daba trabajo a un centenar de personas con discapacidad en la ciudad.

En rueda de prensa, el letrado ha cargado contra la directiva de Aspanas del año 2015 y la Xunta, en concreto la Consellería de Trabajo, como "responsables" de esta situación que, a su juicio, ha contribuido a "agravar la insolvencia" de la entidad.

Además, considera que el concurso de acreedores fue "fraudulento" y que se está transmitido un "relato falso" para "ocultar la realidad".

En este momento, la plataforma ha presentado una denuncia penal en Santiago cuya causa ha sido remitida a Ourense después de que el juzgado compostelano se haya declarado incompetente para resolver esta causa dada "su complejidad".

De forma paralela, la plataforma ha recurrido el propio plan de liquidación ante la Audiencia de Ourense y ha pedido la nulidad del concurso así como que se investigue a la presidenta de la asociación, Antonia Masid, y a la presidenta de la fundación, Alicia Cortés. La empresa se encuentra actualmente en concurso de acreedores.

Según el abogado Pérez Lema, el centro especial de empleo era "viable" (hasta diciembre de 2014) pero, posteriormente, la Xunta cambió su gestión, pasando a la asociación con un patronato electo "que no está inscrito" y que "ejecuta los acuerdos", dijo.

"A partir de ahí -marzo 2015- se produce la descapitalización absoluta de la sociedad que no fue evitada", sostuvo el letrado, que ha considerado necesario que "se conozca la realidad" y la verdad de la "descapitalización" sufrida por Aspanas, que gestionaba un centro de empleo considerado "único" en toda España y que "permitió crear no sólo un sistema de socialización sino también Producto Interior Bruto a esta Comunidad".

Por ello, ha pedido que "se investigue y se determine quiénes fueron los culpables" que han promovido "corruptelas", al señalar que el centro "era viable", y ha acusado a la Fundación y a la Consellería de no impedir el proceso de descapitalización de la entidad.

En concreto, la plataforma creada en 2015, conformada por familias, trabajadores y miembros del comité de empresa, ha denunciado "una trama que deriva en el cierre intencionado en diciembre de 2014 de un servicio público único que afectó a cien personas (la mayoría con discapacidad intelectual) privando tanto a los que estaban en él como a otras personas del único recurso en Ourense para ejercer el derecho al trabajo".

La exgerente Rosa Carrera ha denunciado un supuesto interés de la asociación de deshacerse del centro de empleo y ha preguntado "con qué dinero se pagaron las indemnizaciones de los trabajadores".

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