Europea requiere información sobre la denuncia de CSI-F contra Gobierno foral

La Comisión Europea ha enviado un requerimiento a las autoridades españolas en el que solicita información adicional en relación con[…]

La Comisión Europea ha enviado un requerimiento a las autoridades españolas en el que solicita información adicional en relación con la denuncia interpuesta por el sindicato CSI-F contra el Gobierno de Navarra por vulneración de la Directiva Comunitaria sobre igualdad de trato entre personal funcionario y contratado al servicio de la Administración Pública.

Según ha informado hoy CSI-F, el Tribunal Constitucional además ha notificado la recepción del recuso de amparo contra la sentencia desestimatoria del Juzgado de lo Contencioso nº3 frente al recurso interpuesto por varios docentes contratados, que reclamaban el reconocimiento del complemento de grado (antigüedad) por discriminación salarial respecto al profesorado funcionario.

CSI-F está defendiendo en varios frentes la plena equiparación salarial de ambos colectivos para el reconocimiento de la antigüedad y la admisión a trámite de la denuncia interpuesta ante la Comisión Europea pone en marcha, subraya, un procedimiento por infracción de la normativa comunitaria y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

El sindicato añade en un comunicado que la apertura de dicho procedimiento de infracción "compromete tanto al Gobierno de Navarra como al Gobierno central, ya que es éste último el responsable ante las instituciones de la Unión Europea de los incumplimientos de la normativa comunitaria por parte de los gobiernos autonómicos".

CSI-F recuerda que, de lograrse el reconocimiento del complemento de grado y la plena equiparación salarial, serían más de 8.000 los empleados públicos navarros que se podrían beneficiar de la medida.

Por su parte, la asesoría jurídica nacional del sindicato está estudiando las últimas sentencias de la Unión Europea en relación con las indemnizaciones de los contratos de interinidad o el encadenamiento de contratos en la Administración.

El propósito es instar al Gobierno central a negociar las modificaciones legales necesarias para su adaptación al ordenamiento jurídico español y una OPE que reduzca la interinidad para "poner fin al abuso" en la contratación temporal.

CSI-F Navarra considera que los últimos pronunciamientos judiciales y los procedimientos abiertos en la UE por infracción del Derecho comunitario, así como sentencias en juzgados navarros reconociendo la ayuda familiar o el cobro del verano a los docentes contratados, deben llevar al Ejecutivo foral a "un profundo análisis sobre los abusos reiterados".

Por eso reclama "al denominado Gobierno del cambio que no perpetúe un modelo de contratación en las Administraciones Públicas basado en la precariedad y discriminación entre empleados públicos y que aborde inmediatamente un proceso de negociación para la mejora de las condiciones laborales".

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