ELA pide competencia exclusiva en prisiones, no mera transferencia de gestión

El sindicato ELA ha exigido hoy la "inmediata" transferencia de la administración penitenciaria a Euskadi y la competencia exclusiva en la materia para las instituciones vascas en los ámbitos legislativo, de desarrollo y ejecución, y ha advertido de que el traspaso "no puede ser un mero traslado de las responsabilidades de gestión".

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de ELA, Igor Eizagirre, acompañado de responsables de la central en el ámbito de las prisiones, ha señalado en conferencia de prensa en Bilbao que la transferencia de esta materia debe dotar a Euskadi y Navarra de "capacidad para desarrollar una política penitenciaria propia distinta al modelo estatal".

El modelo estatal, según ha dicho, se ha mostrado muchas veces "deshumanizado, colapsado e incapaz de llevar a cabo los objetivos de reinserción que la propia ley establece".

ELA reclama un sistema penitenciario que persiga la reinserción de la persona presa y aboga por explorar nuevas maneras de cumplir las penas al considerar que privar a las personas de libertad "no es la mejor manera" de ayudarlas a lograr ese objetivo.

La central demanda respeto a los derechos de las personas encarceladas y pide regular el trabajo remunerado que muchos presos realizan en las prisiones para que tengan un salario y unas condiciones laborales "dignas". También defiende que este colectivo tenga derecho a sindicación.

Para quienes cumplan su condena en régimen abierto, aboga por la construcción de un centro de inserción social en cada territorio para ayudarles a integrarse en la sociedad.

El sindicato insta, asimismo, a afrontar la "discriminación" que sufren las mujeres en prisión, con "menos posibilidades para acceder a diversos trabajos y menor acceso a la formación", y denuncia el "alejamiento" de las presas con hijos para estar con ellos al no haber unidades de madres en las cárceles del País Vasco y Navarra.

En general, Eizagirre ha mostrado el rechazo de ELA al alejamiento de su entorno de la población reclusa y ha pedido el fin de la política penitenciaria "injusta" y la dispersión aplicadas a "los presos de carácter político". El alejamiento, según ha dicho, supone "un castigo inaceptable" para las familias.

Respecto a los trabajadores que prestan sus servicios en las prisiones vascas -unos 700- y navarras -cerca de 200-, el sindicato demanda que dependan de las respectivas consejerías de Justicia y que sus condiciones laborales sean homologadas a las del personal que trabaja en las Administraciones del País Vasco y Navarra, aunque manteniendo "derechos adquiridos" propios como determinados complementos y el llamado "descanso psicológico" del que disfruta el colectivo.

ELA reclama un sistema penitenciario vasco público y de calidad, evitando cualquier tipo de privatización y subcontratación y con planes y medidas para garantizar "el derecho a vivir en euskera en las prisiones".

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