El Gobierno luchará contra el fraude laboral con 30 millones más hasta 2020

El Gobierno dotará con 30 millones de euros más a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta 2020 (15 en 2019 y 15 en 2020) para luchar contra el fraude laboral y fiscal, para lo que también incrementará su plantilla con 833 nuevos inspectores y subinspectores.

Así lo ha anunciado hoy la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, que ha aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 que incluye una mayor dotación económica que representa un aumento del 10 % del presupuesto de la Inspección de Trabajo.

El Plan también incluye una mayor dotación de personal, que la ministra ha calificado de "inversión y no de gasto", y que incrementará la plantilla total de la Inspección de Trabajo un 23 %, hasta los 2.709 funcionarios.

La Inspección de Trabajo cuenta en la actualidad con 1.876 inspectores y subinspectores, que llevaron a cabo más de un millón de actuaciones el año pasado, en las que afloraron dos millones de puestos de trabajo irregulares y recaudaron 1.215 millones de euros.

El plan, que comprende 75 medidas y dos actuaciones de choque, tiene como objetivos "recuperar los derechos laborales perdidos o no aplicados" durante la crisis, crear empleo de mayor calidad y combatir el fraude laboral que da lugar a competencia desleal entre las empresas.

En concreto, una de las actuaciones tratará de atajar el fraude en la contratación temporal y, la otra, la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas.

Entre las medidas que contempla, destaca el endurecimiento de las sanciones para que el empresario que contrate en fraude de ley sea penalizado por cada uno de los trabajadores afectados y no por el total, ha explicado la ministra.

Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienza el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre.

No obstante, el Plan no soluciona la precariedad y la explotación laboral, por lo que "es necesario", ha precisado la ministra, "adoptar reformas normativas, que deben enmarcarse en el diálogo social y en el diálogo político en el Parlamento".

También se crea la Herramienta de Lucha contra el Fraude, un programa informático para que la Inspección de Trabajo vaya "a tiro hecho, no tanteando" a las bolsas de fraude laboral, ya que contará con una conexión con los datos fiscales y de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer más ágil y rentable su actuación.

En el sector de la educación, Trabajo se propone erradicar la contratación temporal fraudulenta de profesores durante el curso escolar a los que se extingue el contrato en los periodos no lectivos.

En la hostelería y el comercio, actividades intensivas en horas de trabajo, se prestará especial atención a las jornadas parciales que no se corresponden con las efectivamente trabajadas, según el borrador del Plan al que tuvo acceso Efe.

Entre otras medidas del plan director que se acometerán a lo largo de sus tres años de vigencia, está el control de las largas jornadas que no respetan los tiempos de descanso legales en sectores como comercio, hostelería, telemarketing, empresas de seguridad, sector sanitario y de servicios sociales o transporte y distribución de paquetería.

En estas actividades también se vigilará la mayor siniestralidad laboral asociada a la elevada carga de trabajo y que incide en mayor medida en los trabajadores temporales, con especial observación de accidentes de tráfico y riesgos psicosociales.

El objetivo del Gobierno es generar "trabajo decente, que asegure un salario digno, unas condiciones de trabajo justas, la igualdad entre hombres y mujeres, protección social y trabajo seguro desde el punto de vista de las medidas de prevención de riesgos laborales".

Este plan, que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contado con la participación de las Comunidades Autónomas, así como de los sindicatos UGT y CCOO, las patronales CEOE y Cepyme y las organizaciones de autónomos y las centrales de la Inspección de Trabajo.