CyL suma en sus contratos proyectos inserción que fomenten empleo excluidos

La Junta de Castilla y León introduce en su contratación pública un novedoso instrumento de innovación social, el proyecto de inserción, que obliga en aquellos pliegos en los que figure a contratar un número determinado de víctimas violencia de género, discapacitados o preceptores de la renta de ciudadanía.

Esta es una de las principales novedades que en materia de contratación pública socialmente responsable ha acordado hoy el Consejo de Gobierno, y que ha detallado en rueda de prensa posterior la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

Con ese nuevo instrumento, que es novedoso en el conjunto autonómico, se permite que las empresas ordinarias que contraten con la Comunidad incorporen esa contratación responsable, ya que se incluirá la obligación de contar con un porcentaje de personas víctimas de violencia de género, con discapacidad o perceptores de la renta garantizada de ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social.

Ese no es el único refuerzo de la Junta en su contratación, ya que el compromiso de reservar anualmente el 6,5 por ciento del total de contratos de la administración a los centros especiales de empleo se eleva al 6,8 por ciento y es extiende además a las empresas de inserción laboral, ha detallado García.

Como ejemplo de estos instrumentos de innovación social en la contratación pública, García se ha referido al caso de la contratación de la limpieza en un hospital, que puede ir vía reserva de empleo para centros especiales de empleo, por la vía ordinaria o se puede licitar como proyecto de inserción de forma que en el pliego se recoja la obligación de contratar a dos personas víctimas de violencia de género, o con discapacidad o perceptora de renta de ciudadanía.

Otra de las novedades del acuerdo, que actualiza el de 2012 y aprueba las nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, es la puesta en marcha de un "Banco de buenas prácticas" que servirá de asesoramiento y orientación en la aplicación de las cláusulas sociales.

Se incorporan cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública que primen a las empresas con una visión más social, que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación.

La consejera ha detallado que esas cláusulas sociales se aplicarán a cualquier contrato siempre que sea posible y se optará por incorporar las condiciones que sea más adecuadas para potenciar los aspectos sociales en la contratación.

Como medida social se añade, según la referencia del Consejo de Gobierno, facilitar el acceso de pymes a la contratación pública, para lo que los órganos de contratación podrán optar por adjudicar los contratos buscando el tamaño más adecuado de los lotes con el fin de racionalizar la contratación.

Para facilitar la labor de los órganos de contratación, se incluye un catálogo activo de posibles cláusulas a incluir en los contratos, de manera que cualquier órgano de contratación podrá incorporar nuevas cláusulas.

Esto dará lugar a la puesta en marcha del citado "Banco de buenas prácticas", mediante una página web en la que se publicarán las cláusulas sociales recogidas en el acuerdo aprobado hoy y otras nuevas que se vayan desarrollando, para que sirvan de orientación y asesoramiento en su aplicación.

La consejera también ha hecho balance del anterior acuerdo, que desde su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 ha conllevado la adjudicación de 1.332 contratos reservados por 18.853.595 euros, el 21% del total adjudicado.

Además se han adjudicado 5.434 contratos que incorporaban cláusulas sociales por importe de casi 588 millones de euros, lo que supone un 64,04 % del importe total adjudicado, esto es seis de cada diez contratos, ha concluido García.EFE

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