Bruselas da un tirón de orejas a España por la baja fiscalidad medioambiental

La Comisión Europea dio este lunes un importante tirón de orejas a España por el escaso peso que la fiscalidad medioambiental tiene en el sistema tributario. De hecho, señaló que en 2014 era el tercer país de la UE con menos ingresos por tasas verdes en relación al PIB (apenas un 1,85% frente al 2,46% de media en la región). Para solucionarlo recomienda revisar figuras como el impuesto de circulación o a los vertidos de residuos, entre otros, para aumentar la recaudación en 3.450 millones en 2018 y también «desincentivar actividades que pueden suponer un mayor coste en el futuro» debido a su contaminación. Pero el toque de atención también se traslada al «uso de las subvenciones en los combustibles fósiles» como el carbón o el gasoil, según recoge en su informe sobre la política medioambiental de los Veintiocho.

El documento referido a España se muestra especialmente crítico con la evolución de la fiscalidad verde en el país. No es algo nuevo, ya que elevar estos recursos siempre se encuentra entre los consejos tras cada examen a la economía española. Y es que la estrategia que defiende la UE consiste en desplazar la presión fiscal del trabajo (bajar el IRPF) hacia impuestos indirectos como el IVA o los medioambientales. Así, el informe resalta que en la última década «ha habido un descenso general» en los ingresos verdes y destaca que España en 2012 fue el Estado miembro «con un porcentaje más bajo». En 2014 -los últimos datos disponibles- estos ingresos apenas representaron el 5,5% del total de ingresos impositivos y contribuciones sociales frente al 6,35% de la media comunitaria.

«Hay un margen claro para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía», recoge el documento. En concreto, el texto señala al impuesto de circulación municipal al considerar que «no siempre refleja el rendimiento medioambiental de los vehículos». Precisamente, el Gobierno estudia realizar cambios en la fiscalidad del automóvil. Ahora en el impuesto de matriculación están exentos vehículos con emisiones de CO2 inferiores a 120 gramos por kilómetro, pero fuentes del sector creen que podría rebajarse hasta los 90. Esto habría obligado a pagar a 830.000 vehículos el año pasado. Sin embargo, a última hora de este lunes el Ministerio de Hacienda desmintió «un endurecimiento» de este gravamen.

Pero el abanico de impuestos que propone Bruselas va mucho más allá y supone revisar o crear nuevas figuras como los impuestos sobre los vertidos de residuos para fomentar su tratamiento o la tarifación del agua. Asimismo, reconoce que el Ejecutivo ha dado algunos pasos en los últimos años con la aprobación de un tributo sobre los gases fluorados de efecto invernadero, o el gravamen a la producción de combustible nuclear y al almacenamiento de residuos radiactivos. Sin embargo, su capacidad de ingresos es muy limitada. Por eso el informe defiende que una reforma más profunda como la que proponen aportaría 3.450 millones de euros adicionales en 2018 y podría alcanzar los 6.960 millones en 2030. De momento, el Gobierno incluyó en el plan presupuestario que envió a Bruselas un incremento de los impuestos medioambientales de 500 millones, aunque no concretó cómo lo haría.

«Dispersión normativa»

Sin embargo, la Comisión no sólo pide a España más tributos verdes, sino coordinarse mejor entre las distintas administraciones. Así, el texto pone el foco en la «dispersión normativa» en el caso de impuestos a escala regional y local. En este sentido, pide una cierta armonización de la fiscalidad verde en las comunidades y ayuntamientos para «mejorar su funcionamiento».

El informe también reprocha a España que sea uno de los países de la UE que «más uso hace» de las subvenciones a los combustibles fósiles que son «nocivos» para el medio ambiente. Así, pide reducir las ayudas concedidas al carbón local o al gasóleo frente a la gasolina. De hecho, recuerda que el diésel emite niveles superiores de contaminantes a la atmósfera por lo que «debería estar sujeto a impuestos más elevados»y resalta que esta política ha provocado que en España el 63% de los vehículos matriculados sean diésel, frente a la media del 55% en la UE.