Tarificar autovías y autopistas aportaría mínimo 60.000 millones al Estado

Implantar peajes en toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) española con concesiones a 25 años aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas, según cifras de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan y Deloitte.

Estos cálculos están incluidos en un informe elaborado por la consultora A.T. Kearney que concluye que España, donde sólo el 18 % de las autovías y autopistas es de pago, debe cambiar la forma de financiar estas infraestructuras porque, en el actual contexto social y económico, el Estado difícilmente puede hacer la inversión necesaria para construir y mantener carreteras sólo con fondos públicos.

El primero de los escenarios se basa en tarifas de 1 céntimo por kilómetro para vehículos ligeros y 5 céntimos/kilómetro para pesados.

El cobro de estos peajes proporcionaría los recursos necesarios para resolver el déficit de inversión en la red tarificada (1.424 millones) y garantizaría la autosuficiencia de los fondos generados para sostener el mantenimiento de la misma (40.000 millones en 25 años).

El segundo escenario, con tarifas siempre por debajo de la mayoría de países europeos y de 3 céntimos/kilómetro para turismos y de 14 céntimos/kilómetro para vehículos pesados, permitiría, además, resolver el déficit de conservación y mantenimiento en la red no tarificada (5.200 millones de euros) y proporcionar un pago por adelantado del sector privado al Estado.

El informe cifra dicho pago anticipado al Estado en 18.000 millones de euros, una cantidad que podría destinarse a otras inversiones en infraestructuras, como transporte público o la red secundaria o las asociadas a nuevas soluciones de movilidad.

Por otra parte, implantar peajes en toda la red viaria de gran capacidad reportaría un beneficio fiscal -impuesto de sociedades, IVA, impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre transmisiones patrimoniales- de entre 17.000 y 49.000 millones de euros en el plazo de 25 años.

Por otra parte, el informe aboga por la implantación de sistemas de tarificación inteligente en los accesos a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, reduciría la congestión entre el 30 y el 50 % en horas puntas, lo que evitaría 150 horas al año de atascos por cada conductor y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15 %.

En estos sistemas se tarifican algunos carriles, con precios que varían en tiempo real según la intensidad del tráfico y garantizando el tiempo de viaje por los mismos, mientras se mantienen otros carriles gratuitos con capacidad liberada por los usuarios de pago.

Según la misma fuente, la introducción de este modelo en ciertos corredores congestionados no sólo sería una solución eficiente a medio y largo plazo para la movilidad urbana, sino que también mitigaría el coste del tiempo perdido por los atascos, estimado en unos 70.000 millones en 25 años, y se reduciría la contaminación.

"España debe potenciar la inversión privada y la financiación de las infraestructuras viarias por parte del usuario para mejorar la movilidad, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos españoles y contribuir a la equidad social entre regiones, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad del sistema", ha explicado hoy el presidente de Infraestructuras de A.T. Kearney, Eugenio Prieto

Según el directivo, de esta manera se sustituiría el círculo vicioso actual del déficit de inversión y mantenimiento en infraestructura viaria, ocasionado por la limitación de recursos públicos, por un círculo virtuoso que garantice la calidad, seguridad y sostenibilidad del sistema.