Renovables creen que el resultado de la subasta añade incertidumbre al sector

Las asociaciones de empresas renovables creen que el resultado de la subasta de nueva potencia renovable celebrada ayer -500 megavatios (MW) eólicos y 200 MW de biomasa- añade incertidumbre al sector.

La puja tuvo como adjudicatarios a EDP, Energías Eólicas de Aragón, Jorge Energy, Ence y Forestalia y cerró con un descuento del 100 % en ambos casos, por lo que las instalaciones que resultaron adjudicatarias no recibirán ayudas y solo tendrán derecho a cobrar el precio de mercado.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha denunciado hoy que la subasta es "una muestra más de la improvisación" del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que añade más incertidumbre al sector.

La organización subraya en un comunicado que la puja, puesta "de forma improvisada" y con una "visión cortoplacista", ha tenido un resultado "cuanto menos sorprendente" y cree que es significativo que la mayoría de los principales promotores del sector no hayan resultado adjudicatarios.

"La subasta se ha mostrado más como un producto financiero y los adjudicatarios podrían tener dificultades para desarrollar los proyectos", ha añadido.

En cuanto a la potencia renovable adjudicada en este último proceso, para APPA es "claramente insuficiente" si se quieren cumplir los objetivos comprometidos en materia renovable con Europa para 2020, puesto que los 700 MW adjudicados representan un 8 % de lo que el propio ministerio prevé necesario instalar para lograr alcanzar la meta comprometida de 20 % de renovables para dentro de cuatro años.

Por otro lado, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree que el resultado de la subasta "no es significativo" porque "no refleja la realidad del sector", y cree que la oferta de potencia renovable eólica (500 MW) es escasa.

La asociación cree además que para cumplir el objetivo europeo en energía eólica para 2020 (6.400 MW a instalar) sería necesario convocar una nueva subasta para antes de verano para adjudicar los 5.900 MW restantes y añade que el Gobierno "debe garantizar una regulación estable y predecible" de cara al futuro.

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