Registradores catalanes lanzan una campaña para divulgar su actividad

Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña han puesto en marcha una campaña informativa con el fin de divulgar su labor de servicio público en el territorio catalán.

La campaña llega en un momento marcado por el anuncio de la Generalitat de que pretende asumir las funciones que ahora hacen las 55 oficinas liquidadoras de los registradores en Cataluña.

En un comunicado, los registradores han explicado que desde el decanato de los registradores de Cataluña y a través de los 171 registros ubicados en todo el territorio catalán se difundirá un documento titulado "10 cosas que no sabías sobre los Registradores de la Propiedad".

Los registradores son conscientes de que realizan tareas "muchas veces desconocidas" por los ciudadanos, y por ello en este documento recuerdan que prestan asesoramiento gratuito a la hora de hacer la declaración de la renta, así como en todo el proceso de compra de una vivienda y en el pago de impuestos.

En Cataluña, los registradores ayudan a la Generalitat a liquidar los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El decálogo elaborado por los registradores resalta que la inscripción de un inmueble en el registro garantiza "que nadie puede vender ni hipotecar ni embargar tu propiedad", y que este colectivo "negocia directamente con los bancos" si encuentra una cláusula abusiva en la hipoteca.

También recuerdan que tienen vocación de servicio público y que ayudan a combatir el fraude fiscal, que comprueban la veracidad de todos los datos y que este colectivo también genera empleo local.

A principios de este mes la Generalitat y el cuerpo de registradores de Cataluña pactaron crear una "mesa de seguimiento" con el fin de que el proceso de transición hasta que el Govern asuma las funciones que ahora hacen las 55 oficinas liquidadoras de los registradores sea lo más fácil posible" y genere los menores perjuicios para ambas partes.

El Govern argumenta que paga unos 25 millones de euros a los registradores por un servicio que puede asumir perfectamente, pero no ha revelado aún cuándo denunciará el convenio con los registradores.

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