Pueblos senegaleses se niegan a irse de su tierra, concedida a firma marroquí

Un colectivo de 23 poblados del norte de Senegal exigió hoy la anulación de la concesión de 10.000 hectáreas a una empresa agrícola marroquí y se declaró preparado para defender sus tierras "aunque les cueste la vida".

"No queremos un proyecto que nos quite nuestras tierras. Nuestro rechazo es definitivo", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz del colectivo, Aboubakry Lam, quien considera inaceptable la concesión a la firma marroquí Afri-Partners.

Las autoridades de Dodel, zona donde se erigen estos poblados, concedieron las tierras a esta compañía para el cultivo de arroz por un período renovable de 40 años.

Pese a que Afri-Partners ofrece 2.000 millones de francos CFA (unos 3 millones de euros) y promete crear 1.000 empleos para las poblaciones locales en una fábrica para descascarillar el arroz, Lam rechaza las condiciones y exige 100.000 millones de francos CFA (unos 152,5 millones de euros), lo que considera "un precio muy razonable".

La comunidad acusa a la empresa marroquí de querer adueñarse de las tierras que pertenecen a las más de 50.000 personas que viven desde hace siglos en la zona.

"Además de quitarnos nuestras tierras, nos quieren convertir en obreros agrícolas. O mejor dicho, en unos esclavos modernos", denunció Lam, que reclamó la intervención del presidente del país, Macky Sall, "antes de que se produzca un derramamiento de sangre".

Al respecto, el secretario general del Encuentro Africano de Defensa de los Derechos Humanos (RADDHO, siglas en francés), explicó que "cuando se toca el espacio vital de las poblaciones autóctonas, se las empuja a la radicalización", y advirtió de que estas comunidades no permitirán iniciativas que pongan en peligro su futuro.

Por su parte, el presidente de la Liga Senegalesa de Derechos Humanos (LSDH), Assane Dioma Ndiaye, quien asesora legalmente al colectivo, aseguró que la decisión es "ilegal", ya que las autoridades locales "no están habilitadas para conceder 10.000 hectáreas de tierra a cualquiera".

"Es un caso evidente de abuso de poder que hemos denunciado ante el Tribunal Supremo. No nos cabe duda de que invalidarán la decisión, como lo ha hecho anteriormente en casos similares", añadió.

Ndiaye adelantó que las poblaciones afectadas no aceptarán desplazarse para "dejar el lugar donde siempre han vivido a una multinacional cuya única preocupación es ganar dinero", tal y como prevé el proyecto.

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