Promotores critican "dejadez" instituciones paraliza desarrollo urbanístico

Los promotores inmobiliarios de la región han cargado hoy contra la "total dejadez y pasividad" de los Ayuntamientos y comunidad autónoma que, en su opinión, han paralizado el desarrollo urbanístico frenando tanto el sector de la vivienda como el turístico y de segunda residencia.

En rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Hernández, ha hecho un balance positivo de los resultados de 2016 y ha criticado a las instituciones por el poco impulso que, en su opinión, están dando al sector inmobiliario.

En ese ejercicio, ha apuntado, la construcción de viviendas en la región creció casi un 20 por ciento con respecto a 2015 y la venta aumentó cerca de un 7 por ciento, mientras que las ventas a ciudadanos extranjeros aumentaron un 23 por ciento y las hipotecas, un 1 por ciento.

Esa "recuperación sostenible y moderada", ha dicho, se ha producido a pesar del "escaso papel que está jugando la administración pública", que "no acompaña" al sector y mantiene una "total pasividad" hacia su reactivación.

Hernández se ha mostrado especialmente crítico con el Ayuntamiento de Murcia que, ha dicho, mantiene paralizado el desarrollo del suelo en zonas con gran demanda como la zona norte del municipio a causa de su Plan Especial de Infraestructuras.

Ese plan, aprobado en 2006, es "insostenible", ha dicho, puesto que "frena la puesta a disposición de suelo" en las áreas de Juan Carlos I, Juan de Borbón, avenida Príncipe de Asturias, Guadalupe o Santo Ángel, entre otras.

El plan contempla que los promotores y propietarios tengan que abonar, además de los gastos de urbanización como es habitual, los gastos de construcción de infraestructuras hidráulicas como colectores y tanques de tormenta.

Además, los "hitos de pago" son estrictos y no permiten "financiación razonable", lo que supone un incremento en los costes que los propietarios no pueden asumir.

Al no poder desarrollar más suelo urbano por ese motivo de altos costes, ha añadido, se incrementa el precio de las viviendas, por lo que ha lamentado que el Ayuntamiento de la ciudad no tome "decisiones valientes" para modificar ese plan especial y permitir nuevas construcciones, ya que el 95 por ciento de viviendas del área norte están ocupadas, según Apirm.

El presidente de la organización ha criticado también la situación en los municipios costeros, cuyos planes generales de ordenación tienen más de tres décadas de antigüedad y suponen una "total paralización" no solo en el ámbito de la vivienda y las segundas residencias, sino también en la creación de nuevas plazas hoteleras y del sector turístico.

En su opinión, en estos municipios "hace falta un planeamiento supramunicipal" en el que se implique la administración regional para que se pueda dar un "desarrollo coherente" a lo largo de toda la costa y tanto en el plano urbano como en el vacacional.

La comunidad autónoma, ha opinado, debería intervenir y "penalizar" a los ayuntamientos que no están siendo capaces de desarrollar sus planes urbanísticos con el fin de dar mayor seguridad jurídica a los promotores y propietarios.

Hernández ha señalado que "hay que corregir errores del pasado" y dar más agilidad también a las tramitaciones medioambientales, ya que, según ha lamentado, numerosas promociones con todas las licencias aprobadas están pendientes de esos expedientes medioambientales.

La simplificación administrativa y la administración telemática son a día de hoy "una utopía" y están "muy lejos de la realidad", ha criticado, y ha reivindicado que se implemente la figura de la "declaración responsable" como ha ocurrido en otros ámbitos para suplir las licencias.

Así, se evitarían paralizaciones de más de cinco meses que transcurren mientras se obtienen las licencias para construir, por ejemplo, en zonas urbanas y ya urbanizadas, un caso en el que se requeriría de un sistema más ágil para comenzar a construir.

También ha reivindicado que no se "judicialice el urbanismo de forma generalizada" y ha propuesto que los pleitos en este ámbito se resuelvan en la vía contencioso-administrativa en lugar de en la penal, estableciendo "reglas del juego claras y con garantías", actuando "con rigor y no por meras suposiciones".

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