Ocho imputados se sentarán en el banquillo en el juicio de la Operación Rei

Ocho investigados, entre ellos el exalcalde de Castro de Rei Juan José Díaz Valiño y el que era su teniente de alcalde Roberto Lorenzo, se sentarán mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo, donde está previsto que comience el juicio por la llamada Operación Rei.

Además de Díaz Valiño y de Roberto Lorenzo, también figuran como investigados otros dos ediles del gobierno municipal que ambos presidían, la secretaria municipal, un ingeniero de montes y un arquitecto.

La llamada Operación Rei se dio a conocer a la opinión pública en octubre de 2009, cuando la que era titular del Juzgado de Instrucción número 3, Estela San José, acompañada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, entraba en el Ayuntamiento de Castro de Rei para un registro y ordenaba la detención del alcalde y de varios concejales del gobierno municipal.

Los registros enmarcados en esta operación, que se centró en la supuesta adjudicación irregular de obras y contratos de trabajo temporal abonados con dinero procedente de fondos europeos, del Gobierno central y de la Diputación, continuaron luego en varias dependencias de la Diputación.

Llegaron a figurar en esa causa medio centenar de investigados, entre ellos la que entonces era vicepresidenta de la Diputación y hoy alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que llegó a estar detenida, aunque finalmente no llegó a ser procesada.

El ministerio fiscal considera que el alcalde, el teniente de alcalde y el concejal Antonio Balado se "concertaron para aprovechar la mayoría" de la que disponían en la corporación municipal para "repartir entre ellos las decisiones de contratación de obras y servicios públicos, para adjudicárselas a empresas en las que alguno de ellos mostraba interés por cualquier motivo".

Según el fiscal, para realizar esas adjudicaciones "procedían" a "acumular varias obras", de modo que el presupuesto pasase de 50.000 euros, cantidad a partir de la cual se hacía cargo del proyecto la Diputación de Lugo, pero no excediese los 200.000 euros, para evitar el procedimiento de concurso público y poder usar el procedimiento negociado.

Eso "les permitía adjudicar la obra libremente, eludiendo fraudulentamente el procedimiento legalmente establecido", de modo que limitaban "la libre concurrencia", con "el consecuente perjuicio para el interés general".

De hecho, el ministerio público mantiene que "la mayor parte de las veces", los "acusados decidían la persona o empresa a la que iban a adjudicarle el proyecto", antes incluso de "iniciar el expediente".

Luego, "una vez decidido, simulaban seguir el procedimiento, aparentando cursar ofertas a tres empresas que pudiesen tener interés, cuando en realidad la empresa" que iba a ser la adjudicataria "elegía a las otras dos", de modo que sabía "con carácter previo que "o bien no presentarían oferta" o bien la "presentarían sin las formalidades o requisitos exigidos legalmente".

"El criterio para la elección de la empresa adjudicataria era meramente voluntarista y podía basarse en la decisión unilateral de alguno de los acusados", en función de la "pertenencia o cercanía del adjudicatario con algún partido político, el parentesco" u otros requisitos "similares", siempre "totalmente ajenos al interés público".

El ministerio fiscal pide para el exalcalde una pena de cuatro años y diez meses de prisión, dieciséis y medio de inhabilitación y el pago de multas por importe de 77.320 euros por un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, tráfico de influencias y cohecho.

Para el teniente de alcalde, Roberto Lorenzo, pide una pena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, lo mismo que para el ex edil Antonio Balado.

El ministerio público también pide cuatro años de cárcel, 12 de inhabilitación y una multa de 4.320 euros para la secretaria municipal.

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