Moody's y Fitch discrepan sobre el impacto del embargo de acciones de Inassa

Las agencias de calificación de riesgo crediticio Moody's y Fitch discrepan en relación al impacto del embargo judicial de acciones, por valor de 58 millones de euros, de la sociedad Inassa, filial del Canal de Isabel II, en la empresa Triple A de Barranquilla, ordenado por la Fiscalía colombiana la semana pasada.

Mientras que Fitch afirma que el embargo "no tiene ningún impacto" en la calificación del Canal, Moody's considera que la incautación cautelar de las acciones "es de crédito negativo".

Moody's recuerda que Inassa posee el 82% de Triple A, que tiene "un valor contable de aproximadamente 58 millones de euros al cierre de 2017. Por lo tanto, Triple A está ahora bajo el control del Gobierno de Colombia (Baa2 negativo)".

Esta agencia añade que Triple A "es la filial más grande de Canal en América Latina" y representa aproximadamente el 15% de los ingresos consolidados del Canal y el 10% del EBITDA" un indicador financiero de 'beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización' de la empresa.

"La pérdida de control en Triple A tendrá implicaciones financieras negativas para Canal, no solo porque la compañía perderá la corriente de flujos de efectivo que normalmente recibe en la forma de dividendos, sino también porque Canal estaba en proceso de vender sus participaciones en el mercado latinoamericano", continúa Moody's.

Una venta, añade, que "estará suspendida hasta que Canal pueda resolver esta disputa con las autoridades colombianas", concluye Moody's.

La agencia Fitch, por su parte, no aprecia "ningún impacto en las calificaciones de Canal de Isabel II" tras el embargo, "incluso en el peor escenario de una expropiación de la compañía".

Esto refleja "la importancia limitada de las operaciones en Colombia en comparación con las actividades principales del Canal en Madrid", que Fitch había ratificado en julio en 'BBB ' y 'A-', lo que permite "un margen para absorber la desconsolidación de Triple A y una suspensión de su desinversión programada dentro del actual Plan estratégico del Canal hasta 2022".

Admite, no obstante, que la reciente decisión del Fiscal General de Colombia de embargar preventivamente el 82% de las acciones de Triple A, una subsidiaria que opera servicios de agua en Barranquilla (Colombia), "aumenta el riesgo de pérdida de control, por lo que compromete la intención de Canal de desinvertir antes de 2022".

Sin embargo, "incluso bajo una eventual expropiación sin compensación, que sería el peor de los casos, la reputación general y el impacto financiero en Canal es manejable dentro de la calificación actual, en nuestra opinión", argumenta Fitch.

El negocio de Triple A está limitado en general con una contribución de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de alrededor de 41.3 millones de euros, (10% del EBITDA total consolidado) a fines de 2017 y con una deuda limitada de 57 millones, agrega Fitch.

Según el Plan estratégico del Canal hasta 2022, el grupo "se centra en la región de Madrid y prevé la salida de todos intereses en el extranjero, incluida Colombia, como una forma de compensar el impacto en la reputación de las acusaciones de fraude en torno a sus operaciones en el extranjero que salieron a la luz el año pasado".

Tras los eventos de la semana pasada, Fitch ha "desconsolidado las operaciones colombianas" y eliminado los ingresos previstos por la venta, "sin impacto material en las métricas financieras de Canal y nuestras expectativas de desapalancamiento a 2022".

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