Los embargos sobre viviendas personales bajan en Asturias un 2 %

Asturias contabilizó en el segundo trimestre el embargo de 48 viviendas propiedad de personas físicas por el impago de un crédito, una menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 2 por ciento.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el total de ejecuciones hipotecarias (o embargos de una propiedad para su venta) tras el impago de un crédito afectó a un total de 138 viviendas, lo que supone un incremento del 115 por ciento respecto a las 64 del mismo periodo del año pasado

Este incremento se debe a los embargos de viviendas de persona jurídicas, que pasaron de las 15 del segundo semestre de 2017 a las 90 del mismo periodo de este año.

El Principado registró una tasa de certificaciones por ejecuciones sobre hipotecas de vivienda constituidas entre los años 2003 y 2016 de 0,07, igual a la media nacional.

El total de fincas (incluye rústicas o solares) afectadas por una ejecución hipotecaria en Asturias ascendió en el segundo semestre a 359, un 180 por ciento más en tasa interanual.

En el conjunto del país, las ejecuciones hipotecarias tras el impago de un crédito para una vivienda habitual se redujeron un 38,2 % en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2017, hasta alcanzar 1.762.

Este tipo de embargos se han reducido además un 13 % desde el trimestre anterior, según el INE.

El número total de viviendas -habituales y de otro tipo- que fueron objeto de una ejecución hipotecaria se elevó a 7.086, un 2,9 % menos que un año antes, pero un 5,8 % más que entre enero y marzo de este año.

El número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2018 fue de 14.327, un 1,0 % más que el trimestre anterior y un 3,2 % más que en el mismo trimestre de 2017.

Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 1.762 eran habituales en propiedad (un 38,2 % menos que en el mismo trimestre de 2017) y 727 no eran residencia habitual de los propietarios (un 17,7 % menos).

Según la naturaleza de la finca, las ejecuciones sobre viviendas concentran un 49,4 % del total; un 12,3 % fueron sobre viviendas habituales de personas físicas; un 32,1 % corresponde a viviendas de personas jurídicas (un 29,1 % más que en el segundo trimestre de 2017) y un 5,0 % a otras viviendas de personas físicas (un 17,7 % menos que un año antes).

Las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) suponen el 42,6 % del total.

En cuanto al estado de las viviendas, un 22,4 % de las ejecuciones hipotecarias correspondieron a viviendas nuevas, que creció un 26,5 % en tasa anual, y un 77,6 % a viviendas usadas, que bajó un 8,9 %.

El 22,0 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el segundo trimestre correspondió a hipotecas constituidas en 2007, el 15,2 % a hipotecas constituidas en 2006, y el 14,5 % a hipotecas de 2008.

De este modo, el periodo 2006-2008 concentra el 51,7 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas durante el trimestre.

Los datos desglosados por comunidades autónomas indican que aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre fueron Andalucía (3.012), Valencia (2.663), y Cataluña (2.096), mientras que el País Vasco (63), Navarra (74), y Cantabria (92) registraron el menor número.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.535), Valencia (1.413) y Cataluña (1.157) presentaban el mayor número de ejecuciones, y el País Vasco (27), Navarra (33), y Cantabria (45), los menores.

Si se toman como referencia las hipotecas constituidas en el periodo 2003-2017 sobre el total de fincas, el 0,10 % de las hipotecas constituidas iniciaron una ejecución hipotecaria en el segundo trimestre de 2018.

La Rioja (0,29 %), Murcia (0,18 %) y Canarias (0,15 %) registraron los valores más altos, en tanto que el País Vasco (0,01 %), Aragón (0,03 %) y Baleares (0,04 %), los más bajos.