Los contratistas advierten que las carreteras de CyL necesitan 180 millones

La Cámara de Contratistas de Castilla y León ha advertido hoy de que las carreteras de la comunidad necesitan para su correcta conservación 180 millones de euros anuales, más del doble de lo presupuestado por la Junta para el presente ejercicio.

Esta es una de las conclusiones del estudio de la Cámara sobre la evolución del plan de actuaciones prioritarias en la Red Regional de Carreteras de Castilla y León, un informe con el que se pone en marcha el Observatorio para el Seguimiento de las Infraestructuras Básicas Necesarias.

Con 11.287 kilómetros de longitud y un valor patrimonial cercano a los 9.000 millones de euros, el importe mínimo necesario para el mantenimiento y conservación de la red de carreteras de titularidad autonómica no puede ser inferior a los 180 millones de euros al año.

Esta cantidad es más del doble de los 86 millones de euros anunciados por la Junta de Castilla y León para este año dentro del plan de actuaciones prioritarias en la Red Regional de Carreteras que prevé una licitación cercana a los 525 millones de euros para los próximos cuatro años.

Para la Cámara de Contratistas y teniendo en cuenta el índice de incumplimiento en las previsiones de licitación anunciada para 2016, finalmente solo se adjudicará un 30 por ciento, alrededor de 25,8 millones de euros.

Según el estudio, esa cuantía es la que realmente se destinará este año a las tareas de conservación y mantenimiento, lo que se considera insuficiente y puede causar que las carreteras de titularidad autonómica continúen deteriorándose.

"Hasta ahora el nivel de infraestructuras era razonable, pero lo estamos perdiendo", ha advertido en un comunicado el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, que ha reclamado de la Junta que "cumpla con sus obligaciones".

A fecha de 31 de mayo de 2016, la administración autonómica ha publicado anuncios de licitación por importe de 79 millones de euros, aunque las adjudicaciones se han limitado a dos contratos por valor de 601.383 euros, lo que, a juicio de Pascual, crea "falsas expectativas" y conduce a las empresas a "tomar decisiones equivocadas".

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