Legislador advierte de que se deberá revisar el contrato de Abertis en P.Rico

El presidente de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas (APP) de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jesús Santa Rodríguez, advirtió hoy de que se deberá revisar la extensión por 10 años del contrato de la filial de la española Abertis en la isla caribeña, Metropistas.

Santa Rodríguez hizo la advertencia durante una vista pública celebrada en la Cámara baja de Puerto Rico convocada para conocer detalles de la extensión por 10 años del plazo de la concesión de las autopistas de Abertis en la isla, acuerdo del que algunos legisladores dijeron haberse enterado por la información difundida por la empresa desde España.

Abertis anunció el pasado día 21 en un comunicado difundido desde su sede de Barcelona que se acordó la extensión por 10 años del plazo de la concesión de sus autopistas en Puerto Rico, hasta el año 2061, a cambio de 115 millones de dólares (unos 100 millones de euros) y un nuevo reparto de ingresos futuros de la compañía.

Con el acuerdo firmado con la Autoridad portorriqueña de Carreteras y Transportación (ACT) para la modificación del contrato de concesión de las autopistas PR-5 y PR-22, la concesionaria se comprometió a hacer un pago inicial de 100 millones de dólares y, un segundo desembolso, de 15 millones, una vez se haya completado la implementación del nuevo sistema de pago bidireccional o, como muy tarde, el 30 de junio de 2017.

En compensación por estas nuevas obligaciones, la autoridad concesionaria se comprometió a reducir su porcentaje de ingresos compartidos por el sistema de peaje dinámico instalado en la autopista PR-22, desde el 50 % actual hasta el 25 %, además de ampliar la concesión de las dos autopistas hasta 2061.

Santa Rodríguez requirió, según un comunicado difundido por la Cámara de Representantes, de la ACT un informe sobre las gestiones que esta corporación llevó a cabo para extender el contrato con Metropistas.

El legislador, durante su intervención en la vista, cuestionó el hecho de que no se diera conocimiento alguno a las cámaras legislativas ni a la Comisión que él preside sobre estas negociaciones ni de la firma del contrato.

"El artículo 10 de la Ley 29-2009 para las Alianzas Público Privadas -APP- requiere que cualquier extensión del término de un contrato de éstas sea aprobada por el Legislativo. Ello no se cumplió en este caso. No estamos satisfechos con la explicación de las 'deponentes' sobre los fundamentos legales para incumplir con esa disposición de ley", subrayó.

Recordó que "la política pública tras la ley de las APP requiere que cualquier proceso sea de la más alta transparencia, especialmente cuando se enajenan bienes del pueblo por largos periodos de tiempo" y que las extensiones de término "no pueden llevarse a cabo sin que el Legislativo conozca y apruebe lo que está ocurriendo".

A la vista pública para rendir cuentas de la extensión del contrato acudieron la directora ejecutiva de la ACT, Carmen Villar, y Deliris Ortiz, de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

Al ser cuestionadas en torno al destino de los fondos recibidos como resultado de esta transacción, ninguna pudo dar explicación, ante lo que Santa Rodríguez dijo que habría de evaluar la posibilidad de tomar acción legal para que se aclare si este procedimiento cumplió de acuerdo a lo que establece en la Ley 29.

"Si no se cumplió con lo establecido en la Ley 29, este contrato es nulo y debe ser revertido de inmediato", añadió el legislador, para concluir que el propósito de las alianzas debe responder a los mejores intereses de Puerto Rico y no a los de los privatizadores.