La Xunta impuso 600.000 euros de multas por ilegalidades urbanísticas en 2015

La Agencia gallega de protección de la Legalidad Urbanística, dependiente de la Xunta, impuso el año pasado más de medio millar de multas por un valor total de unos 600.000 euros por construir sin licencia o por no respetar la normativa, informó hoy el responsable de ese organismo, José Antonio Cerdeira.

En un balance sobre la actividad en 2015, Cerdeira indicó que eso supone una reducción del número de multas y del total de sanciones respecto al año anterior, y señaló que se trata de multas cuyo importe no siempre lograr cobrar la Administración.

En una conferencia de prensa, Cerdeira afirmó que la Agencia tiene como misión intentar que cada vez haya "menos ilegalidades" en el ámbito de la construcción de inmuebles, pero señaló que si bien la Aplu tiene medios "limitados", hay un "cambio de mentalidad" en los municipios a favor de colaborar con ese organismo.

Entre los proyectos de demolición previstos para este año figuran el de una urbanización cercana al denominado cementerio de los ingleses, en el municipio de Camariñas; una serie de viviendas abandonadas en torno a un monasterio en Padrón; una construcción en forma de castillo en Quiroga o una vivienda prefabricada en una zona rural de Vedra, en el Camino de Santiago.

El responsable de la citada agencia indicó que se trata de inmuebles sobre los que pesan órdenes judiciales de derribo y cuyos propietarios han agotado los recursos judiciales.

Según datos de la citada agencia dependiente del Gobierno autonómico gallego, el año pasado se resolvieron un total de 367 expedientes de los que se ejecutaron 154.

Cerdeira destacó que nueve de cada diez propietarios de edificaciones ilegales optaron el año pasado por derribarlas por iniciativa propia, antes de esperar que lo hagan las autoridades.

Según los datos divulgados, la agencia de la Xunta inició un 41% de los expedientes relacionados con ilegalidades urbanísticas, otro 23% fue obra de particulares, 22% de municipios, 10% del servicio de Costas del Gobierno central y el 4% de otras autoridades.

La agencia tiene competencia sobre el territorio gallego para controlar zonas de suelo rústico o servidumbres de protección, pero no en zonas urbanas o dependientes de municipios, salvo un compromiso con el Ayuntamiento.

En ese sentido, la Agencia gallega de protección de la Legalidad Urbanística tiene acuerdos con 62 municipios que han delegado sus competencias en materia de inspección y sanción.

Cerdeira indicó que un 75% de los ayuntamientos gallegos han sido inspeccionados por la agencia de forma exhaustiva, aunque todavía queda un 25% pendiente de analizar, especialmente en zonas rurales.

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