La Unió solicita ayudas para el traslado de granjas por normas urbanísticas

La Unió de Llauradors i Ramaders ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que arbitre una nueva línea de ayudas para el traslado de granjas por motivo de interés público, para explotaciones que no cumplen con los parámetros urbanísticos de la normativa vigente en la actualidad.

La organización agraria propone un periodo de adaptación basado en dos opciones compatibles: si el titular de la granja optara por no acogerse a estas ayudas, se debería permitir la continuidad de la actividad con las mismas condiciones actuales hasta la finalización de la vida laboral del ganadero; en el caso de que se apueste por las ayudas, se podría ampliar el plazo de traslado en cinco años, hasta el 1 de abril de 2023.

En un comunicado, La Unió asegura que estas demandas suponen realizar las adaptaciones pertinentes a la Ley de Ganadería de la Comunitat Valenciana 6/2014, de 4 de marzo, de la Generalitat.

La ley establece como plazo para regularizar la situación y trasladar las granjas a un lugar adecuado el 1 de abril del próximo año, pero el Gobierno valenciano "no ha cumplido" con el apartado 5 de la Disposición Transitoria de la Ley de Ganadería, ya que "no ha habido convocatorias de ayudas" para el traslado de granjas con dotación financiera desde el año 2010, según argumentan.

Se trata normalmente de explotaciones ganaderas que no cumplen con los parámetros urbanísticos de la normativa vigente en la actualidad y por ello no son legalizables, por lo que para continuar desarrollando su actividad, debían ser trasladadas a otros emplazamientos y ejecutadas según la normativa urbanística vigente actualmente.

Existen casos de naves ganaderas construidas en el linde de parcelas, sin separación con parcelas o caminos colindantes, o que superan el porcentaje de ocupación de la parcela establecido por las normas urbanísticas, pero todas ellas están inscritas en la Lista de Explotaciones Ganaderas y pasan los controles veterinarios y cumplen con el resto de preceptos higiénicos, sanitarios, de bienestar animal y medioambientales necesarios, según La Unió.

La Ley de Ganadería, vigente desde 2003, permitía que continuaran ejerciendo provisionalmente la actividad ganadera durante un periodo máximo de quince años y ese plazo concluye en 2018, pero la Conselleria "no ha cumplido con su función" en los últimos siete años de dar ayudas para el traslado, asegura la organización agraria.

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