La nueva juez del 'caso Bancaja' deja sin asignación a su expresidente
Corrige a su antecesor y, con el apoyo de la Fiscalía rechaza desbloquear sus fondos para que reciba 3.500 euros al mes para «necesidades básicas»
Dos jueces, un mismo caso pero sendos criterios distintos, el primero aparentemente compasivo con los imputados en el llamado 'caso Bancaja'y el segundo bastante más severo, aunque con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Y en medio de ambos el expresidente de la que fuera caja de ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, José Luis Olivas, hoy imputado en varios casos de presunta corrupción.
El que fuera también vicepresidente de Bankia durante la etapa de Rodrigo Rato llevaba casi seis meses disfrutando de una asignación mensual de 3.428 euros, dinero que procedía de una de las cuentas abiertas a su nombre que había sido embargada por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El objetivo de esa medida es cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la actuación del expolítico (fue presidente de la Generalitat valenciana con el PP) metido a financiero.
Pero los fondos se agotaron al no recibir nuevos ingresos, por lo que los abogados de Olivas solicitaron a la Audiencia que le transfiriera dinero de otras tres cuentas suyas. No cayeron en la cuenta de que la polémica asignación fue autorizada por el anterior instructor, Juan Pablo González, con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, podría ser cambiado.
Es lo que ha hecho la nueva titular, Carmen Lamela, que no solo no ve motivos para ese traspaso de dinero sino que directamente anula los 3.428 euros que el exmáximo responsable de Bancaja venía recibiendo. Y eso que su antecesor, que dejó el juzgado a finales de octubre al concluir su comisión de servicios, consideró entonces que «con menos no se puede vivir».
Bajo dicho criterio, y sin que conste que Olivas hubiera acreditado los gastos «inaplazables» que motivaban su petición, autorizó que recibiera el dinero. Lo mismo hizo con otro imputado: Rafael Codoñer, exejecutivo de la inmobiliaria del banco y asesor clave de sus inversiones.
Elevado nivel de vida
Desde Anticorrupción se opusieron en ambos casos aduciendo que la ley establece como norma general que solo sería inembargable el equivalente al salario mínimo interprofesional (655 euros mensuales en 2016) y, a partir de ahí, se pudieran liberar otras cantidades por tramos de ingresos. Pero en modo alguno se podrían acercar a los más de 3.000 euros autorizados finalmente porque, enfatizaba, la justicia no es responsable de que los imputados hayan adquirido compromisos de gasto «por encima de sus posibilidades».
La juez Lamela hace alusión a esos mismos argumentos de la Fiscalía, aunque apunta que tampoco consta «en el momento actual» que el expolítico y su familia «carezcan de toda clase de ingresos y de otros bienes con los cuales poder atender sus necesidades básicas». «Tampoco explica el recurrente (Olivas) -añade en su resolución- por qué las cuentas bloqueadas constituyen su único haber» para resolver esos problemas económicos que ha alegado, «pero no ha acreditado», advierte.
Además, la instructora no olvida «las cuantiosas sumas de dinero que fueron distraídas como consecuencia de los hechos investigados». Y es que Olivas está imputado por administración desleal, apropiación indebida, blanqueo y otros delitos por perjudicar en 293 millones a Bancaja con créditos irregulares, en parte desviados luego a paraísos fiscales.
