La Ley de calidad alimentaria regulará la venta directa y marcas de garantía

El proyecto de Ley de Defensa y Promoción de la Calidad Alimentaria y la Calidad Diferenciada regulará la venta directa y las marcas de garantía, al tiempo que dotará de instrumentos de protección a la producción local.

La nueva norma, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno, consolida el marco legal de las figuras de calidad diferenciada y otorga soporte a la producción ecológica.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, en la presentación de esta normativa, que "consagra el marco para la producción, transformación y distribución de la producción agroalimentaria y condensa toda la legislación dispersa hasta ahora en normas locales, reales decretos, leyes estatales y reglamentos comunitarios".

La Consejera ha explicado que se regula la figura del artesano alimentario, de tal forma que "quienes tengan acreditada esta condición podrán etiquetar sus productos con esta denominación".

Álvarez ha valorado también la creación de la figura del artesano de montaña, que beneficiará a quienes elaboran productos básicamente con materias primas de estas zonas.

El proyecto establece el reconocimiento jurídico de la venta directa con la voluntad de mejorar la rentabilidad de las explotaciones, generar empleo, disminuir costes, crear conciencia solidaria con el medio rural y contribuir a una economía sostenible.

El reglamento para su desarrollo fijará los productos y lugares de venta y los productos podrán ser de origen agrícola, ganadero, forestal, cinegético, micológico o pesquero.

El texto otorga soporte jurídico y regulador a los productos de calidad diferenciada, desde la producción a la comercialización, y define la naturaleza de las entidades de gestión.

Igualmente, la producción ecológica encuentra acomodo en la norma al considerarse prioritaria su promoción e incluir el Consejo de la Producción Agraria Ecológica como corporación de derecho público.

Además de incorporar los últimos instrumentos legislativos, el Principado recoge en el proyecto nuevos conceptos como la cadena responsable, la trazabilidad, el autocontrol, el fomento de la diversidad, la promoción con sentido territorial, el impulso activo del cooperativismo y la contribución de la agroalimentación a la construcción de una sociedad más sostenible.

Se incorpora, igualmente, el régimen de tutela, control e inspección y se establece la tipología de infracciones y sanciones, junto con los órganos responsables.

La norma establece periodos transitorios para la transformación de las actuales entidades gestoras de calidad diferenciada en corporaciones de derecho público, así como el proceso para implantar el control de la trazabilidad de los productos.

Asimismo, fija el sistema para fijar la representación de las organizaciones profesionales agrarias en Asturias en el marco de los correspondientes procesos electorales y otorga rango legal a las aportaciones directas de las ayudas del Principado al Sistema Nacional de Seguros Agrarios.

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