La Junta trabaja en la reestructuración del transporte por carretera
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha dicho hoy que la Junta[…]
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha dicho hoy que la Junta de Extremadura trabaja en la reestructuración del transporte regular de viajeros por carretera, porque "ahora mismo hay un déficit muy importante".
García Bernal se ha pronunciado así al ser preguntada, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, por el diputado del PP y exconsejero de Fomento, Víctor de Moral, sobre la drástica situación por la que atraviesan las empresas concesionarias de este tipo de transporte.
Según Del Moral, las deudas que mantiene la Junta con estas empresas pueden rondar el millón y medio de euros, lo que puede conllevar, a su juicio, "el colapso de muchas de ellas", por lo que se verían obligadas a parar su flota, con las consecuencias que esto tendría no sólo para el sector sino para las comunicaciones entre los distintos pueblos de Extremadura.
La consejera ha pedido al diputado popular que se informe sobre a qué empresas se les debe dinero y ha precisado que solo se le debe a una las ayudas de servicio público correspondientes al segundo semestre de 2016.
García Bernal ha indicado que la Junta es consciente y comparte la preocupación de las empresas de transporte regular de viajeros por carretera y precisamente por ello, ha recordado, creó un plan de ayudas que son las obligaciones de servicio público, para lo que se destinan en el presupuesto de 2017 un total de 3,2 millones de euros.
Por su parte, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, en respuesta a una pregunta del PP, ha defendido que el Gobierno extremeño "ha hecho lo que tenía que hacer" al poner en conocimiento de la Fiscalía Superior de Extremadura el contrato de alquiler de un plató de televisión en Mérida suscrito por parte de Canal Extremadura, por si hubiera producido algún delito.
El plató se contrató por casi nueve millones de euros, con un sobrecoste del 845 %, según un informe de la Intervención General de la Junta de Extremadura.
Gil Rosiña ha explicado que la Junta activó el plan de auditoría al detectar las supuestas irregularidades en este contrato, suscrito por la anterior directora general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA), Carmen Santos, y ha defendido que la gestión del Ejecutivo regional en este ente se caracteriza por la transparencia, la pluralidad y la defensa como servicio público.
Mientras el diputado del PP Miguel Cantero ha acusado a la Junta de mentir en este asunto y "en todo lo que tiene que ver con el equipo" de Santos, Isabel Gil Rosiña ha acusado a los populares de "inacción" ante este caso.
En el apartado de preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, la diputada de C's, María Victoria Domínguez, se ha interesado por las medidas que se han tomado desde la Administración educativa extremeña para controlar el destino de las becas para la adquisición de los libros escolares e impedir que los centros compren directamente a las editoriales, ya que considera que puede producirse una competencia desleal con los libreros.
La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha indicado que su departamento recomienda "el gasto sostenible pensando en el comercio local" pero no puede imponer donde se compran los libros y la jurisprudencia sostiene que los colegios actúan como consumidores finales. EFE.
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