La CPAR exige al Ayuntamiento logroñés que revise plusvalías no prescritas

El secretario general de la CPAR, Juan Ramón Liébana, ha exigido hoy al Ayuntamiento de Logroño que revise de oficio miles de liquidaciones de plusvalías aún no prescritas y cobradas desde el año 2010, ya que se giraron a pesar de que la compraventa de esa propiedad se realizó con pérdidas económicas.

El portavoz de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha detallado que la devolución de las plusvalías prescribe a los cinco años, por lo que se podrían revisar todas las cobradas a partir de 2010.

Ha aludido a sentencias dictadas por los dos juzgados de lo Contencioso Administrativo de La Rioja y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).

Estos órganos jurisdiccionales determinaron que si ha disminuido el valor de mercado de las viviendas, naves industriales o el suelo entre el precio fijado en la compra y la venta, no se cumple el hecho imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos.

De esta forma, Liébana ha subrayado que no cabe duda de que los ayuntamientos de La Rioja deben devolver las plusvalías cobradas años atrás en el caso de enajenaciones, tanto a particulares como a empresas, cuando se demuestre que las propiedades hayan perdido valor entre la operación de compra y la de venta.

El secretario general de la CPAR ha recordado que la concejal de Hacienda de Logroño, Mar San Martín, manifestó que el Consistorio dejará de girar nuevas liquidaciones cuando se compruebe que la transacción ha sido a pérdida.

Este "cambio de actitud" ha costado casi dos años y tres sentencias desde que se planteó por la CPAR, ha recalcado, pero el Ayuntamiento de Logroño sigue "empeñado" en no devolver las liquidaciones de plusvalías indebidamente cobradas, salvo que exista una sentencia que lo obligue a ello en cada exacción tributaria.

"Esta actitud del Ayuntamiento de Logroño resulta intolerable", ha censurado, ya que "parece que el Consistorio prefiere dificultar a los ciudadanos y empresas la devolución de lo que se les cobró indebidamente para que sólo lo haga una minoría con la capacidad económica y el tiempo suficiente para solicitar la devolución ante los tribunales".

A su juicio, esta situación es algo parecido a lo que ya ocurrió con el céntimo sanitario que se "inventó" el Partido Popular para gravar aún más los combustibles, y que finalmente la Justicia Europea declaró ilegal, pero por el camino ciudadanos, autónomos y empresas pagaron millones de euros que no les devolvieron porque no pudieron reclamarlo a tiempo en vía administrativa y jurisdiccional.

Así, ha lamentado que el Ayuntamiento de Logroño prefiera obligar a miles de ciudadanos y empresas a tener que pagar las tasas judiciales (350 euros más el 0,5 % del importe de la liquidación del impuesto) y unos 2.000 euros de honorarios de abogado y procurador, más el coste de los informes periciales necesarios, para conseguir en los tribunales la devolución de unas cantidades indebidamente cobradas.

Si la concejal de Hacienda hubiera hecho caso a los avisos de CPAR desde el inicio, miles de ciudadanos y empresas no tendrían que haber pagado indebidamente importantes cantidades de dinero al Ayuntamiento de Logroño, que no saben si podrán finalmente recuperar.

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