La CE propone eximir a empresas ferroviarias ante catástrofes naturales

La Comisión Europea (CE) propuso hoy una actualización de las normas comunitarias sobre los derechos de los viajeros de tren, en la que exime a las empresas ferroviarias de pagar indemnizaciones a los pasajeros en caso de retrasos por desastres naturales que no hayan podido prever ni evitar.

La CE pretende con la modernización de las normas proteger mejor a los viajeros ante retrasos, cancelaciones o discriminaciones, explicó en un comunicado.

Siguiendo los principios de "proporcionalidad y equidad", propuso que una cláusula de "fuerza mayor" exima a las empresas ferroviarias de pagar indemnizaciones en esos casos, algo a lo que están obligadas según la legislación actual.

La propuesta también busca una aplicación uniforme de la normativa de los derechos de los pasajeros de tren en toda la UE, de manera que los servicios de larga distancia nacionales y los servicios transfronterizos urbanos, suburbanos y regionales ya no podrán quedar exentos de implementarla.

La Comisión señaló que sólo cinco Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Italia, los Países Bajos y Eslovenia) aplican hoy plenamente las normas.

Otro objetivo es poner fin a la discriminación de pasajeros por su nacionalidad o residencia, de manera que los que utilicen servicios conectados con billetes distintos sean informados de si sus derechos se aplican a todo el viaje o solo a los distintos segmentos.

Además, propone mejorar los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida al convertir en obligatorio el derecho de asistencia en todos los servicios e indemnización total por pérdida o daños producidos en los equipos de movilidad.

La información deberá facilitarse en formatos accesibles y el personal ferroviario tendrá que recibir formación de sensibilización en materia de discapacidad.

Por último, la CE insta a que haya plazos y procedimientos claros para la tramitación de quejas, así como responsabilidades y competencias "claras" de las autoridades nacionales responsables de la aplicación y el control del cumplimiento de los derechos de los viajeros.

A continuación, la propuesta de la Comisión deberá someterse al examen y la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo (la institución en la que están representados los Estados miembros) para que pueda entrar en vigor.