La antigua cúpula de la CAM se sentará en el banquillo por «concertar» su saqueo
La Audiencia Nacional abre juicio oral contra ocho exdirectivos por media docena de delitos y les impone una fianza civil de 1.600 millones
El saqueo «organizado» de las arcas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tuvo que ser rescatada en 2011 con 5.249 millones de euros de dinero público, sentará finalmente en el banquillo a ocho ex altos cargos de la entidad financiera con su expresidente, Modesto Crespo, a la cabeza. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela comunicó este miércoles la apertura de juicio oral contra todos ellos por media docena de delitos. Además, les impone una fianza civil conjunta de 1.592,5 millones de euros que deberán abonar en 24 horas o, de lo contrario, iniciará los trámites para embargarles.
Lo hace tras haber presentado tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) -personado como acusación particular en calidad de perjudicado- sus escritos de acusación respectivos, a raíz de que la instrucción se diera por finalizada en abril de 2015 tras tres años y medio de pesquisas. La primera solicita penas que superan los siete años de prisión para el director general Roberto López Abad, la directora general adjunta María Dolores Amorós, el director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el director de Inversiones y Riesgos Francisco Martínez.
Para Juan Luis Sabater, director de financiación, y Salvador Ochoa, director de información financiera, pide un año y dos meses de prisión, mientras que para Vicente Soriano, director de Recursos Humanos, reclama diez meses de cárcel. Por su parte, el FGD demanda nueve años para el expresidente de la caja, Modesto Crespo -a quien no acusa la Fiscalía-, junto a Amorós, y Sogorb, frente a menos de tres para el resto.
Entre los delitos que fiscal y acusaciones imputan a los ocho exdirectivos figuran los de falsedad en cuentas anuales e información social, otro relativo al mercado y a los consumidores, manipulaciones informativas, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y asimismo estafa agravada.
De la investigación se concluyeron varios tipos de perjuicios a la CAM. En primer lugar, la «alteración» de sus cuentas anuales de 2010 y 2011, pues «no reflejaban la imagen fiel de la entidad» y se hicieron operaciones a espaldas del auditor.
Fue, resalta el auto judicial, «la ejecución de un plan concertado por el comité de dirección» -al que pertenecían los acusados-, cuya finalidad era la integración en una «fusión fría» con otras cajas para así «diluir el verdadero estado» financiero de la CAM. Y con ello, además, podían «cobrar los incentivos por resultados, así como otros complementos por su buena marcha».
Insolvencia
En el caso de las cuentas de 2011, el juez sostiene directamente que «estaban falseadas». De esta manera, en vez del beneficio «aparentado» de 60 millones «en realidad» había pérdidas que ascendían a 1.136 millones, una imagen «distorsionada» que revelaron el Banco de España y el FROB tras intervenir la entidad ese verano. El rescate con dinero público ascendió a 5.249 millones de euros, para meses después ser adjudicado su negocio bancario al Banco Sabadell por el precio de un euro.
Y al ocultar con sus «manipulaciones» contables «la situación crítica» de la CAM, advierte la juez, se «agravó su insolvencia.
