Junta se compromete ampliar plazo para afectados por nueva protección Cazorla

La Junta de Andalucía se ha comprometido a ampliar el plazo para que los agricultores y ganaderos afectados por las nuevas zonas protegidas en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) puedan alegar, según ha asegurado hoy el delegado de Medio Ambiente en Jaén, Juan Eugenio Ortega.

El plazo estaba fijado en un principio hasta el 26 de marzo, "tiempo insuficiente", según Asaja Jaén, "para que los afectados demuestren que en sus tierras hay actividad ganadera o agrícola y que, por tanto, no pueden protegerse como si fuera terreno forestal arbolado".

De esta forma, el delegado, que se ha reunido hoy con el presidente de Asaja-Jaén, Nicolás Vico Roa, el gerente y portavoz, Luis Carlos Valero, y el responsable del departamento jurídico, Francisco Martínez, se ha comprometido a ampliar el plazo treinta días, aunque aún no se ha publicado la orden.

Desde Asaja-Jaén han agradecido la pronta respuesta del delegado, así como su intención de facilitar mayor documentación cartográfica a los afectados, por la situación de indefensión ante la que se encuentran los ganaderos y algunos agricultores del Parque Natural "a los que pretendían clasificar sus tierras como zonas protegidas".

Asaja-Jaén también ha pedido a Ortega que se aporte una documentación más clara a todos los afectados (documentación cartográfica) para que puedan demostrar que sus tierras no son similares a las forestales arboladas, sino que en ellas hay actividad agraria, ganadera o ambas cosas.

Valero ha explicado que entienden "que de este modo no estarán afectadas por el cambio de clasificación de las tierras, ya que, si son agricultores o ganaderos, no pueden pertenecer a una zona de especial protección".

La agricultura y ganadería es el principal motor económico del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que afecta al 25 % del territorio y a unas 70.000 hectáreas y que este año cumple treinta años desde que fue declarado Parque Natural.

De ahí que insistan en que, "a pesar de la labor conservacionista de esta joya natural que todos defendemos, también se cuide, y muy bien, a aquellos que la dotan de actividad económica y que son los que fijan la población en sus municipios".

Insiste en la necesidad de proteger estos pastos y recuerda la fuerte discusión que se gesta en Europa por el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) en la Política Agraria Común (PAC), por ejemplo en zonas adehesadas, algo que es la propia Junta de Andalucía la que defiende, con el fin de que los pastos no queden fuera de las ayudas europeas.

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