Guerra entre Competencia y los abogados por las costas de las causas de Bankia
La CNMC expedienta a nueve colegios por posible coordinación para elevar tarifas pero éstos lo niegan y estudian acciones legales
Los sobrecostes ocasionados en los pleitos abiertos contra Bankia, fundamentalmente por su polémica salida a Bolsa en 2011 y la controvertida comercialización de participaciones preferentes, van camino de crear un conflicto jurisdiccional inusitado. La espita la abrió el propio banco hoy en manos públicas (el FROB controla dos tercios de su accionariado tras haberlo rescatado) y en ella ha profundizado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sus responsables decidieron este miércoles abrir un expediente sancionador contra nueve colegios de abogados (Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Vizcaya, Tenerife, Albacete, A Coruña y Sevilla), a los que acusa de haber infringido las normas de libre mercado. Sostiene, en concreto, que dichos órganos «habrían aplicado sobrecostes en el proceso de Bankia» -que habla de más de 150 millones de euros-, realizando para ello «recomendaciones de precios».
Para transmitir esas sugerencias o consejos, según las conclusiones preliminares de la investigación que ha realizado la CNMC durante los últimos meses, dichos colegios «elaboraron y publicaron criterios orientativos a efectos de tasación de costas». Sin embargo, resaltan las autoridades de Competencia, no tuvieron en cuenta, por ejemplo, «la existencia de pleitos masivos idénticos o muy parecidos entre si».
El propio Tribunal Supremo insistió en su día en este aspecto, al apelar a la necesidad de que se pudiera llegar a un acuerdo extrajudicial entre Bankia y los inversores que participaron de su estreno bursátil tras respaldar su derecho a ser indemnizados. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ya ha devuelto por aquella vía -según los últimos datos que presentó a mediados de mayo- el 40% de lo que captó en el mercado; en concreto, 1.200 millones de euros correspondientes a 190.000 accionistas.
Dicen "cumplir la ley"
La versión de los letrados, sin embargo, es otra distinta pues según varios de los colegios implicados se limitaron a «cumplir la ley» puesto que esos controvertidos dictámenes fueron requeridos por los propios jueces y fiscales en los procesos abiertos a Bankia, tanto en vía penal como en la civil. Fueron informes «preceptivos, pero no vinculantes», arguyen, que «solo pretendían evitar que hubiera criterios arbitrarios de un caso a otro».
En la misma línea, el Consejo General de la Abogacía sostiene que no ha habido una conducta «prohibida» porque les ampara una directiva europea y también la Ley de Servicios Profesionales de 2009. Por eso, mañana se reunirán para decidir incluso si emprenden acciones legales por posible denuncia falsa.
