Gobierno ve improbable que Competencia pueda tumbar norma alquiler turístico

Los servicios jurídicos del Gobierno regional no ven probable que Competencia pueda revocar el decreto de la Dirección General de Turismo para regular viviendas turísticas, como ya ocurrido con normativas de Madrid y el País Vasco, porque se ha sido "cuidadoso" para no "tocar" aspectos conflictivos.

"Los servicios jurídicos entienden que cabría en la normativa sin problemas, pero claro, siempre existiría alguna posibilidad", señala a Efe la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, que asegura que su departamento ha estado revisando las cuestiones que Competencia no ha aceptado en las normas de otros lugares para que "no tumbe" el decreto de Cantabria.

Esta semana la directora general ha asistido a la reunión de las comunidades con la Secretaría de Estado de Turismo en la que se han presentado las iniciativas del Gobierno central para cambiar la normativa de las viviendas de uso turístico.

El decreto en el que el Ejecutivo cántabro lleva meses trabajando está pendiente de enviarse al Consejo de Estado, y una vez que pase el filtro de esta institución será aprobado por el Consejo de Gobierno y entrará en vigor.

Bartolomé sostiene que el alquiler de viviendas turísticas ha existido siempre, pero recalca que el problema se ha generado a partir de la supresión de esa modalidad tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que llevó a que quedara "en un limbo".

La directora general aboga por regular y poner orden en este campo de las viviendas turísticas y destaca que es un fenómeno que no se va a poder parar.

"No se pueden poner puertas al campo, hay que ser conscientes de eso, hay que ser realistas porque esto es un fenómeno que no va a parar. Porque desde el momento que hay gente que quiere viajar de esta manera va a haber oferta. Y al menos que haya marco legal", apunta.

Los expedientes sancionadores en esta materia crecen en Cantabria "de forma exagerada", con sanciones que, de media, son de 6.000 euros. Desde agosto de 2017 y septiembre de 2018 se han abierto en total 113 expedientes y hay 43 denuncias más en inspección.

Y también se están revocando resoluciones de registros, porque los establecimientos no cumplen los requisitos.

El decreto para regular los alquileres turísticos que prepara el Gobierno de Cantabria ya preveía cuestiones que quiere impulsar la Secretaría de Estado, como la prohibición por parte de las comunidades de propietarios de ese uso de las viviendas, por mayoría simple.

Tendría que ser la comunidad de vecinos la que, en caso de no querer este tipo de alojamientos, lo prohíba en sus estatutos y lo comunique a la Dirección General.

Además, otra propuesta del Gobierno central es poner en marcha un registro estatal único de viviendas de uso turístico.

La Dirección General de Turismo ha tenido contactos con las plataformas que ofertan este tipo de alquileres y les ha trasladado que solo pueden alquiler apartamentos o casas con su número de registro y que estén dentro de la legalidad.

Bartolomé declara que hay plataformas que están siendo muy colaboradoras y señala como ejemplo a Booking, a la que se remiten los datos de casas y apartamentos dados de alta para que los cruce con su base de datos.

Pero dice que otras plataformas, sin embargo, "pasan olímpicamente" y se aprovechan de la coyuntura de falta de control actual. "No les importa negociar con establecimientos fuera de la ley", lamenta.

La directora general advierte de que detrás de estas plataformas, en algunos casos, están "fondos buitre" que en su momento compraron viviendas que no pudieron vender en la crisis, y a las que ahora sacan rendimiento en el mercado turístico.

Y apuesta por aunar esfuerzos, en una lucha que compara con la de "David contra Goliat" porque enfrente están "plataformas globales a nivel mundial".

"Las comunidades autónomas cada una por su lado es muy difícil que podamos presionar a todo este entramado", destaca Bartolomé, que ha pedido hace tiempo un grupo de trabajo del Gobierno central con las comunidades para poner orden en este ámbito.

Avisa de que, además, el control es necesario por un problema "de seguridad", porque en este tipo de alojamientos se queda gente que no figura en ningún registro y que "no se sabe quién es". "Ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil. Y es fundamental tener un registro de viajeros", concluye.

En Cantabria, los alquileres turísticos se concentran sobre todo en Santander y las poblaciones de la costa, de forma importante Noja, Isla, Castro y Laredo. También se da este fenómeno en el ámbito rural, con casas que se alquilan y que, con frecuencia, no están dadas de alta.

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