Gobierno espera que Escalante aclare que su postura en derribos es la misma

El Gobierno espera que Escalante aclare su postura sobre las 32 viviendas con sentencias de derribo del edificio de Las Torres y que, tal y como manifestó el alcalde, Juan José Venero (PP), en una reunión con el equipo de Urbanismo, está "en línea" y "en coordinación" con lo que defiende el Ejecutivo.

"El Ayuntamiento de Escalante iba a hacer una aclaración a la contestación que había hecho a la Sala el pasado mes de febrero, y por lo tanto yo espero, y así es el compromiso que adquirió el alcalde conmigo y con el equipo de Urbanismo, que esta aclaración se produzca en los próximos días y que esté en línea y en coordinación, con la postura que ha venido defendiendo el Gobierno de Cantabria", ha destacado la vicepresidenta regional y consejera de Urbanismo, Eva Díaz Tezanos, en declaraciones a los medios de comunicación.

La vicepresidenta mostró ayer su "sorpresa" tras conocerse que los ayuntamientos de Argoños y Escalante habían presentado un calendario para iniciar el derribo de 287 viviendas (255 en Argoños y las 32 del edificio de Las Torres, de Escalante) a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que dirime estos asuntos relacionados con los derribos.

La Asociación de Maltratos por la Administración (AMA), que reúne a la mayoría de los afectados por los derribos, se movilizó ayer ante el Ayuntamiento de Argoños, el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno regional, y además sus representantes se reunieron con representantes de estas instituciones.

Fue tras uno de esos encuentros cuando la vicepresidenta desveló que el equipo de Urbanismo del Gobierno había respondido a una petición del alcalde de Escalante para reunirse ayer.

Según lo que ha trascendido de ese encuentro, el regidor había trasladado al Gobierno que la informaciones sobre que su ayuntamiento y Argoños, también gobernado por el PP, han respondido a los requerimientos del TSJC con un calendario para el derribo de casi 300 viviendas sería un malentendido o una "tergiversación".

Díaz Tezanos declinó ayer explicar el por qué de los escritos que han remitido estos consistorios al TSJC con un calendario para ejecutar los derribos pues, a su juicio, eso les correspondería a ellos, pero aseguró que Escalante iba a hacer una aclaración en ese sentido porque su postura es la misma que la del Gobierno.

El Ejecutivo sostiene, y es lo que se recoge en sus alegaciones al Tribunal Superior de Justicia, que los convenios que se están firmando con los afectados para resarcir el daño con otra vivienda o con una cantidad económica en caso de demolición no son garantía suficiente de que estas personas vayan a ser indemnizadas, de manera que sería necesario consumar otros pasos antes del derribo.

Díaz Tezanos ha dicho que tras la reunión de ayer no ha tenido más contacto con el alcalde de Escalante.

Y ha garantizado que el Gobierno respeta los convenios que firmó el anterior Ejecutivo del PP con los afectados. "La postura oficial del Gobierno es que respetamos esos convenios. Para nosotros son perfectamente válidos los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria", ha recalcado.

Ha añadido que el Gobierno del PRC-PSOE ha pagado algo más de un millón de euros de daños morales a más de un centenar de propietarios, además de una indemnización de 193.000 euros por responsabilidad patrimonial de dos viviendas de Argoños.

La vicepresidenta ha subrayado que estas cantidades suponen "mucho más" de lo que se ha pagado desde 2008 a 2015, por lo que, según señala, "se pone de manifiesto la firme voluntad del Gobierno de Cantabria de estar con las familias afectadas y defender sus intereses y su patrimonio".

"Son víctimas inocentes de una situación para nada achacable a ellos, y en ese sentido estamos trabajando estrechamente", ha comentado.

Díaz Tezanos ha recordado que "antes de derribar hay que indemnizar" al afectado según con la normativa, aunque antes habrá que tasar las viviendas.

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