Extremadura, más cerca de contar con energía eólica

Extremadura está más cerca de contar con energía eólica después de años de demora a consecuencia de las trabas políticas y sociales a estos proyectos por su impacto en la zona -medioambiental y/o turístico- y por los distintos cambios de normativa.

Eso parece posible después de que en el día de hoy se haya conocido que la Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto ambiental del parque "Merengue", en el término municipal de Plasencia (Cáceres).

Con un presupuesto cercano a los 38 millones de euros, la mercantil Gas Natural Fenosa Renovables pretende instalar en la Sierra del Merengue quince aerogeneradores con una potencia total de 39,9 megavatios.

Además de éste, la Junta de Extremadura tiene encima de la mesa otros 18 expedientes de solicitud de proyectos de parques eólicos, cuya potencia conjunta rondaría los 547 megavatios.

En diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Plasencia, que se ha opuesto frontalmente a la instalación de aerogeneradores en la Sierra de Santa Bárbara, anunció que no pondría obstáculos al proyecto de instalación de parques eólicos en la Sierra del Merengue.

Hace 16 años, el entonces presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue el primero en oponerse a este tipo de energía.

"Si alguien quiere modificar el paisaje, que dé trabajo a 1.500 jóvenes", planteó en mayo de 2000, año en el que, según desveló el propio Ibarra, muchas empresas eólicas habían pedido al Ejecutivo regional instalar 150 parques repartidos por toda la comunidad con 6.758 molinillos para producir diez millones de megavatios.

A su juicio, la energía eólica debía ser concebida "como alternativa a la otra". Además, apuntó que, como las empresas interesadas "fabrican cosas", éstas deberían implantar esas otras industrias en Extremadura.

No fue hasta agosto de 2005 cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó un decreto por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de parques eólicos.

Dicho decreto recogía que las empresas tenían que comprometerse a crear tres puestos de trabajo estable por megavatio de potencia instalada, así como a impulsar la creación de infraestructuras industriales en las áreas de influencia socioeconómica de estas instalaciones.

Un año después, un total de 17 empresas presentaron proyectos para crear cerca de 129 parques eólicos en la región con una petición de potencia de 3.641 megavatios, lo que demostraba, según el entonces consejero de Economía, Manuel Amigo, que "no estábamos equivocados" al exigir la creación de tres empleos por cada megavatio instalado, una premisa que desde el primer día rechazó el PP.

En 2007, el Consejo de Gobierno de la Junta denegó autorización a todos los proyectos presentados para la instalación de parques eólicos en la región, un total de 116, aunque anunció que abriría un nuevo proceso para adjudicar estas plantas energéticas ya que está "decidida por las energías renovables".

Según explicó Amigo, la totalidad de las iniciativas presentadas incumplían alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 192/2001 debido mayoritariamente a "problemas administrativos" que deben ser subsanados, aunque son "cosas fácilmente subsanables".

De hecho, días después el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba la orden por la que se convocaba la presentación de solicitudes de autorización de instalación de parques eólicos.

Ese mismo año (2007), y ya con Fernández Vara en la Junta, el Grupo Popular presentó en la Asamblea una iniciativa que instaba a la Junta a elaborar, en un plazo máximo de dos meses, un nuevo decreto sobre la energía eólica y a derogar el "desastroso proceso anterior". Su propuesta fue rechazada.

La nueva convocatoria atrajo la presentación de 96 expedientes de parques eólicos. En agosto de 2008, el Consejo de Gobierno aprobó un total de 22 autorizaciones, con una potencia de 437,5 megavatios.

La denegación por parte del Gobierno central de la totalidad de proyectos de parques eólicos en la región como una "tomadura de pelo" para los extremeños y lo ha atribuido a la "docilidad" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Sin embargo, en enero de 2010, el Gobierno central denegó la totalidad de los proyectos eólicos presentados (22), ya que ninguno entraba en la preasignación que garantiza las primas para hacer rentables las inversiones.

La respuesta extremeña fue dada al aprobar -octubre de 2010- un nuevo decreto de regulación en la región, que permitía sustituir la condición de crear tres empleos por megavatio generado por la posibilidad de otorgar a los ayuntamientos la cuantía mínima del 8 por ciento de su facturación anual con el fin de ajustarla al nuevo marco regulatorio.

A esta convocatoria se presentaron 248 solicitudes de parques eólicos, de 43 promotores diferentes y con una potencia total solicitada de 6.698 megavatios. Ya con el PP en la Junta, se anunció un retraso en la firma para autorizar las solicitudes -231 parques- para atender la idoneidad ambiental de los proyectos.

En noviembre de 2011, el Gobierno extremeño aprobó las autorizaciones previas para la instalación de 65 parques eólicos más, con lo que la cifra de los que "pueden entrar" en el registro de preasignaciones eran 97.

Cuatro años después, el número de expedientes para proyectos de parques eólicos se quedaba en 28. Según los últimos datos, con fecha de mayo de 2016, el número es de 19.

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