Eurocámara reclama a la Comisión Europea regular de una vez a Uber y Airbnb

La Eurocámara reclamó hoy a la Comisión Europea acabar con el vacío legal de plataformas digitales como Airbnb o Uber, que se benefician de "zonas grises" en la legislación tanto a nivel laboral como fiscal o de derechos de los consumidores.

El hemiciclo aprobó dos informes que proponen aumentar la seguridad jurídica en la emergente economía digital, especialmente tras el toque de atención de la Justicia europea a Uber.

En sus informes, los eurodiputados distinguen entre las plataformas de internet y la llamada "economía colaborativa".

El primer grupo estaría llevando a cabo una actividad profesional y continuada como cualquier negocio tradicional, como sería el caso de Uber frente al taxi.

Por otro lado estaría la prestación de servicios de particulares de forma puntual, como es el caso de Bla bla car o Wallapop, que podría regularse de forma más laxa.

En Bélgica, por ejemplo, esas aplicaciones de economía colaborativa están exentas hasta los 5.000 euros, y luego están sujetas a tributación.

En el caso de los derechos de los trabajadores de plataformas en línea, uno de los textos aprobados por el hemiciclo pide a la CE estudiar si no sería ya directamente aplicable la directiva de trabajo temporal a los que prestan servicios a través de las plataformas y por ahora están desprotegidos ante casos como la baja laboral.

El eurodiputado del PSOE Sergio Gutiérrez, que participó en la preparación de los informes, explicó a Efe que si se considera a las plataformas no como empleadores sino como meros intermediarios "al final se produce una precarización del empleo".

"Bajo el paraguas de las plataformas en línea se crea un mercado laboral paralelo al de los contratos tradicionales", apuntó.

Por otro lado, el PE reclama claridad sobre los derechos de los consumidores y la fiscalidad de estas compañías, que los eurodiputados quieren que cumplan con las mismas obligaciones que los negocios tradicionales.

En los informes, los eurodiputados se dicen "conscientes del potencial que para las empresas europeas encierran los servicios, los contenidos creativos y los datos generados por los usuarios", pero al mismo tiempo alertan de "los posibles riesgos derivados de su concentración en manos de un reducido número de plataformas digitales transnacionales".

Pese al guante lanzado por la Eurocámara a la CE, fuentes del Ejecutivo comunitario mostraron a Efe sus reticencias a la hora de mostrar disposición a presentar pronto una propuesta de directiva.

"Nosotros siempre hemos dicho que las normas europeas se aplican a la economía colaborativa del mismo modo que al resto de operadores. En ese sentido, el propósito de la CE es asegurarnos que la ley comunitaria se aplica en los Estados miembros", señalaron las mismas fuentes, que apuntaron no descartar hacer "recomendaciones" a los países para adaptarse a aspectos específicos de los nuevos modelos de negocio digitales.

Asimismo, también dijeron preferir legislar después de que se resuelvan diversos casos relacionados con este ámbito en la Corte europea de Luxemburgo.

El pasado 11 de mayo, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE Maciej Szpunar apuntó que Uber debía asumir sus responsabilidades como empresa de transporte y no podía pretender ser simplemente un servicio "de la sociedad de la información".

Szpunar emitió estas conclusiones previas a la sentencia del caso que enfrenta a Uber con el sector del taxi en España.

Según el último barómetro de economía digital publicado en 2016, el 52 % de los europeos conoce las nuevas plataformas y aplicaciones y un 17 % las han usado.

Por países, Francia (36 %) e Irlanda (35 %) están al frente, mientras que en España el porcentaje es del 19 % y en países como Chipre y Malta menos del 5 %.

En uno de los informes aprobados hoy se llama a establecer límites a la libertad de expresión en la red cuando se atenta contra derechos fundamentales, como el honor en redes como Twitter.

Igualmente, se reclama que la lucha contra las noticias falsas en Internet no se quede en mera autorregulación de las compañías, sino que exista una normativa europea.

Un informe del Centre for Media Plurality and Media Freedom presentado hoy en la Eurocámara alertaba precisamente hoy de los peligros de dejar en manos de grandes redes sociales como Facebook el criterio para establecer qué son noticias falsas y qué no.

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