El Govern se reunirá con taxis y VTC para buscar el "equilibrio" en el sector

El Govern ha convocado para el próximo día 22 una reunión del Consejo Balear de Transportes en la que participarán representantes de taxistas y de empresas de vehículos de turismo con conductor (VTC) con el fin de iniciar el proceso para establecer una regulación de "equilibrio" en el sector.

Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, y el director general de Movilidad, Jaume Mateu. "A esta reunión asistirán representantes de todos los sectores implicados", ha subrayado Pons.

Después de que el pasado viernes el Gobierno aprobara un decreto ley por el cual ahora concede competencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para regular las licencias de VTC, el Govern "quiere escuchar a todo el mundo" antes de establecer la normativa, ha dicho Pons.

"Queremos, sobre todo, mantener el equilibrio entre todos los sectores", ha remarcado.

Los temas a abordar en la reunión serán, según Pons, "el establecimiento de horarios de los servicios, la fijación del número de vehículos en cada categoría, definir con exactitud las características de los vehículos, la relación con los VTC de fuera de Baleares, etcétera".

"Tenemos mucho trabajo por delante pero aceptamos el reto", ha manifestado.

El conseller ha asegurado: "Los taxis deberán adaptarse a los cambios y los VTC, que son necesarios, deberán funcionar como un servicio de gama alta, con contratación previa y ofreciendo servicios especiales que ni los taxis ni los autobuses puedan dar".

Por su parte, el director general de Movilidad, Jaume Mateu, ha recordado que el Govern ha denegado "más de doscientas solicitudes de VTC a causa de irregularidades en la cobertura del seguro de pasajeros".

Los peticionarios de estas licencias denegadas tienen una última posibilidad para presentar recurso ante la Conselleria y, posteriormente, acudir a la Justícia ordinaria.

Actualmente, según Mateu, existen "unos 200 VTC operativos en Baleares".

El decreto del Gobierno central establece que hay un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades y los ayuntamientos aprueben su propia regulación.

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