El Govern prevé una recaudación anual entre 60 y 70 millones por la ecotasa
El Govern prevé una recaudación anual de entre unos 60 y 70 millones de euros por el impuesto turístico sostenible,[…]
El Govern prevé una recaudación anual de entre unos 60 y 70 millones de euros por el impuesto turístico sostenible, y para este año "entre 40 y 50 millones", lo que supone una rebaja de lo presupuestado inicialmente, debido al retraso de la entrada en vigor del tributo al 1 de julio.
Los datos han sido facilitados hoy en rueda de prensa por la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, quien junto al vicepresidente del Govern y conseller de Innovación Investigación y Turismo, Biel Barceló, han presentado el texto del decreto de despliegue de la ley del impuesto.
Cladera ha detallado que la rebaja en las previsiones de recaudación se debe a las modificaciones de la ley incluidas en el decreto, y la de este año es producto del retraso en la aplicación del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible.
Ha aclarado que si bien se habían incluido en los presupuestos de este año 50 millones de euros por esta recaudación, la Conselleria de Hacienda "tomará las medidas oportunas para ajustar la menor recaptación".
Para suplir esta merma de ingresos, "se han bloqueado una serie de créditos equivalentes y se vigilará la ejecución presupuestaria, que se debe compensar con otros ingresos que pueden venir mediante el sistema de financiación o por tributos propios", ha explicado Cladera.
Los ingresos también dependerán de cómo se acabe aplicando el impuesto, del sistema de recaptación que se aplique y "de su comportamiento", ha añadido la consellera de Hacienda, quien ha insistido en la idea de que la aplicación del nuevo impuesto "no afectará a la demanda turística".
El decreto será publicado mañana en el BOIB, a partir de lo cual se abrirá un periodo de exposición pública de siete días, se resolverán alegaciones, se enviará al Consell Consultiu y se espera su aprobación en Consell de Govern para junio, ha apuntado Barceló.
El vicepresidente ha incidido en que en su redacción se ha tenido en cuenta los principios de "solidaridad y justicia" que supone el impuesto turístico, y "la participación", ya que se ha contado con todos los sectores.
El decreto regula el caso concreto de las viviendas turísticas que no cumplen la normativa, de las cuales deberán tributar las que se oferten mediante canales, como páginas web, las que prestan servicios propios de una empresa turística de alojamiento, y los alojamientos de temporada inferiores a dos meses.
El conseller de Turismo ha asegurado que el reglamento determina cómo se deben pagar estos alquileres vacacionales, y que el primer mensaje es que si se tiene una vivienda que se quiere alquilar para turistas hay que hacerlo por la vía legislativa de arrendamiento urbano que permite hacerlo por temporadas.
Barceló ha indicado que para este verano habrá un plan de inspección específico junto a Hacienda y en todas las islas, con el fin de perseguir el alquiler vacacional ilegal.
Ha explicado que se ha hablado con los sectores representativos de las vivienda vacaciones que están dadas en alta en el sistema para explicarles el procedimiento de la recaptación del impuesto.
El decreto especifica las finalidades de las inversiones a las que se destinarán los recursos del impuesto, como la protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino; al fomento de la desestacionalización; y la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.
Además, se destinará al impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, y a la mejora de la formación y calidad del empleo, y su fomento en temporada baja.
El impuesto deberán pagarlo quienes se alojen en hoteles, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural, albergues y refugios, hostelerías, hostales, pensiones, cámpings, viviendas turísticas vacacionales, las vivienda turísticas que no cumplan la normativa autonómica, y los cruceros.
El precio del impuesto irá de los 2 euros para los establecimientos cinco estrellas, hasta los 0,50 euros para hostales, albergues y refugios, con bonificaciones del 50 % para estancias en temporada baja y las superiores a 20 días.
Están exentos de pagarlo los menores de 16 años, los desplazamientos por fuerza mayor, las estancias para recibir atención sanitaria pública, y las subvencionadas por los programas sociales de las administraciones de cualquier país de la Unión Europea.
Los establecimientos deberán presentar autoliquidaciones trimestrales y una declaración anual por cada uno entre el 1 y el 31 de enero, y por vía telemática (www.atib.es).
El decreto prevé la conformación de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, que será el órgano consultivo y de propuesta del Govern, y se integrará en la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo.
Entre sus funciones están analizar, valorar y seleccionar los proyectos, proponer los proyectos a ejecutar, elaborar y aprobar el plan anual del impuesto; estará compuesta por siete representantes del Govern, cuatro de los consells insulars, uno del Ayuntamiento de Palma, dos de la FELIB, seis sindicales, seis de entidades económicas (patronales), y seis de entidades medioambientales.
La comisión debe "velar por el adecuado equilibrio territorial entre las islas", con lo que por cada una se tomará de referencia la ley de financiación de los consells insulars, y las necesidades efectivas de cada una.EFE
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