El CTESC pide a las administraciones actuar contra la exclusión residencial

El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC) cree necesario un papel más activo de las administraciones públicas, mediante políticas sociales y dotación adecuada a las políticas de vivienda, en la ley del derecho a la vivienda para personas en riesgo de exclusión residencial.

El dictamen sobre la ley del derecho a la vivienda para personas en riesgo de exclusión residencial apuesta por la coordinación y la colaboración entre administraciones, así como el acompañamiento de las personas en situación de exclusión residencial o en riesgo de estar en ella.

Coordinación que también considera importante para disponer de datos estadísticos públicos sobre el parque de viviendas y sus condiciones de habitabilidad.

En su dictamen, el CTESC apunta también que los mecanismos propuestos para la resolución de los casos de sobreendeudamiento, que incluye el anteproyecto, así como para el aumento del parque social de viviendas, "son insuficientes y no aportan garantías".

Además, recomienda aclarar el concepto de "sobreendeudamiento" dado que no queda claro si puede derivar de cualquier relación de consumo o de aquellas relacionadas con el pago de la vivienda.

Para el CTSEC, el anteproyecto de ley se debería de dotar de herramientas jurídicas que garanticen el "principio de proporcionalidad" teniendo en cuenta todas las fórmulas de actuación previstas en el texto, que van desde la mediación, hasta la expropiación temporal o la obligación de realojamiento.

También recomienda aclarar la utilización de los conceptos de "expropiación temporal" y "expropiación del uso" empleados en el texto.

El dictamen considera que el anteproyecto debería de establecer las condiciones materiales y económicas en las que se han de devolver las viviendas una vez acabada la expropiación temporal o de uso, para evitar generar inseguridad jurídica.

Entre otras cosas, el dictamen propone que se amplíe el número de personas en representación de las entidades financieras y de crédito en la comisión de vivienda que crea el anteproyecto.

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