El Ayuntamiento pedirá aclaración si Emalsa incumplió el derecho de tanteo
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado un informe sobre si se ha incumplido su derecho de[…]
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado un informe sobre si se ha incumplido su derecho de tanteo en la operación de la compra de un tercio de Emalsa por otra empresa del grupo sueco Saur, que pasa a tener el 66 % de las acciones de la empresa de aguas de la ciudad.
Esta operación hecha pública hoy ha despertado dudas en el Consistorio capitalino porque "desconoce con certeza" si se le debió haber pedido "el derecho de tanteo", ha subrayado el alcalde Augusto Hidalgo, quien ha agregado que "si la compra es de más del 45 % por un mismo grupo empresarial la ley obliga a que la diferencia entre el 49 y 66 % sea ofrecida al Ayuntamiento".
Tal y como ha asegurado el regidor, se tenía conocimiento de que uno de los accionistas "quería deshacerse de sus acciones en Nuinsa", pero lo novedoso ha sido que la ha comprado "el mismo grupo empresarial".
En ese sentido ha indicado que la operación se ha realizado "en otro ámbito y otro nivel", pero que el Ayuntamiento va a estudiar "si tiene impacto en la cobertura jurídica a nivel local".
Como ha asegurado, para los ciudadanos "no tendrá efecto alguno, al revés, trae medidas interesantes como la inversión de 3,5 millones de euros en la compañía, un plan estratégico de aquí a final de año y la instalación del centro de formación de trabajadores en la ciudad".
Con todo, Hidalgo subraya que "la infracción o no del derecho a tanteo lo determinará el servicio jurídico" de esta administración municipal.
El regidor de la capital ha apuntado que "la empresa privada asegura que ha hecho una operación totalmente legal en el mercado", que es algo que desde el Consistorio "tratará de resolver, porque es su tarea defender el interés general más allá de que en el día a día eso no afecte a la compañía".
A niveles generales, Hidalgo recuerda que Emalsa sigue teniendo tres accionistas, un 34 por ciento público, un 33 por ciento privado de una empresa y 33 por ciento de otra", pero en vez de tener a "dos competidoras privadas ahora no lo son", algo que a juicio de la empresa va a favorecer el inversión de la compañía.
Sin embargo, Hidalgo ha recalcado que el Ayuntamiento va a cumplir su ejercicio y el derecho de "defender el interés público" y, de ahí, "la petición de un informe para cubrirnos las espaldas" y la seguridad de que la operación "se ha hecho con todas las de la ley".
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