El Ayuntamiento comprará 12 viviendas para alquiler social en barrio Oliver

El Ayuntamiento comprará doce viviendas para alquiler social en el barrio Oliver de Zaragoza para ofrecer una solución a las familias que actualmente ocupan el inmueble y a otras familias que obtendrán vivienda mediante criterios regulados.

Tal y como han explicado fuentes municipales, los antecedentes se remontan a 2013, momento en el que la Oficina Municipal de Vivienda, gestionada por Zaragoza Vivienda, comenzó a negociar con Bantierra la cesión de las 12 viviendas, situadas en la calle Eva Duarte, para que fueran destinadas a alquiler social.

Este proceso se paralizó por la ocupación por varias familias sin autorización de la entidad bancaria antes de la firma del convenio.

En octubre de 2015 -y después de distintos contactos-, las familias y Bantierra acudieron a la Oficina Municipal de Vivienda para solicitar mediación, para evitar así su inminente desahucio, garantizar el suministro eléctrico y buscar soluciones alternativas a la ocupación sin título, han explicado las mismas fuentes.

Después de estos años de mediación, Zaragoza Vivienda cumple con esta medida un doble objetivo, ha explicado hoy el concejal de Vivienda, Pablo Híjar en una rueda de prensa: el social y el de regeneración urbana.

Para Híjar, la larga intervención realizada en el inmueble pone de relieve que garantizar el derecho a la vivienda, plantear "la mediación frente a la judicialización de la pobreza" y el trabajo comunitario y social "son un camino alternativo a los desalojos".

La consejera de Participación, Elena Giner, que también ha estado presente en la rueda de prensa en calidad de presidenta de la Junta Municipal Oliver, ha considerado que esta acción "cierra el paso al discurso minoritario e irresponsable de quiénes pretenden quebrar la convivencia en nuestros barrios enfrentando a los vecinos y las vecinas entre sí".

Desde el consistorio han destacado que con la adquisición de este inmueble dan respuesta a una "importante función social", con la ampliación de su parque público, y a una "situación de extrema vulnerabilidad" que el equipo de Gobierno actual se encontró en 2015.

Esta medida ha sido fruto del trabajo con las familias, los servicios sociales comunitarios, asociaciones vecinales, entidades como Stop Desahucios y la Asociación de Promoción Gitana.

La vía escogida por el consistorio, la adquisición directa de un bien patrimonial, es posible según dispone la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas en algunos supuestos extraordinarios: por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles o que la especial idoneidad del bien lo justifique.

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