Desestimado un recurso de Unión Fenosa contra norma sobre líneas alta tensión

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado un recurso de la empresa Unión Fenosa Distribución contra un Decreto del Gobierno autonómico que, entre otros aspectos, regulaba la ubicación de nuevas líneas de alta tensión.

En concreto, la compañía pretendía con su recurso dejar sin efecto un artículo del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que regula la distancia a la que tienen que ubicarse las nuevas líneas de alta tensión que se tracen en el futuro y que fue modificado por la Junta vía Decreto para adaptar el reglamento a la Ley de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

El artículo que ha motivado el desacuerdo de la eléctrica se refiere a que las nuevas instalaciones deberán respetar una distancia respecto a las construcciones habitadas de 0,5 metros por cada kilovoltio de tensión, medidos en línea recta desde la proyección del eje de los cables a la superficie, con un mínimo de 5 metros.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL recuerda a Unión Fenosa que, antes de su aprobación, el decreto se sometió al trámite de información pública durante dos meses, por lo que podía haber aprovechado este tiempo para alegar lo que considerase oportuno.

Añaden además que la compañía no ha acreditado que con esta norma se impida el ejercicio de su actividad eléctrica, sino que "lo único que resulta de la prueba practicada es que la prestación de esa actividad se pueda encarecer".

Los magistrados consideran que esta normativa está de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León y con la propia legislación estatal que permite, en el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que, en aplicación del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo pueden adoptar medidas de prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.EFE

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