CyL inicia el miércoles camino legal para gravar residuos nucleares de Garoña

Las Cortes de Castilla y León acogerán el miércoles el debate de totalidad de la modificación legal con la que el Gobierno autonómico pretende gravar el almacenamiento de residuos nucleares y radiactivos, con una previsión de ingreso tributario de unos 10 millones de euros, según el cálculo aportado por la Consejería de Economía y Hacienda.

Se da la paradoja de que la impulsora de este impuesto, la consejera, Pilar del Olmo, no podrá presentar el proyecto de ley ante el Pleno de las Cortes como suelen hacer los miembros del Gobierno, al encontrarse en Bruselas para defender junto a los sindicatos el mantenimiento de la factoría de Vestas en el municipio leonés de Villadangos del Páramo, donde ha anunciado su cierre.

La previsión del Grupo Popular, que respalda esta nueva tributación pensada por la Junta para "acelerar" la salida de estos residuos de la cerrada central nuclear de Garoña, en Burgos, es que este proyecto de ley de modificación aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 21 de junio supere el trámite de la enmienda de totalidad presentada por el PSOE al menos con la abstención de algún parlamentario de la oposición, han confirmado a Efe fuentes del PP.

Con el anunciado posicionamiento en contra del PSOE y de Ciudadanos y dada la ausencia del portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo) -también en Bruselas por el conflicto de Vestas-, las opciones se limitan a que al menos el representante de UPL, Luis Mariano Santos, o los diez parlamentarios de Podemos se abstengan para facilitar la tramitación.

Este tributo, cuyo ingreso ya presupuestó la Junta de Castilla y León para el presente ejercicio, se apoya en la modificación del impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, que de este modo incorpora este nuevo tipo de actividad gravada.

En el momento de la presentación del proyecto de ley, la consejera Pilar del Olmo destacó que este impuesto es de "devengo inmediato", por lo que de aprobarse antes del 31 de diciembre el ingreso procedente de la propietaria de Garoña, Nuclenor -propiedad al 50% de Iberdrola y Endesa-, sería inminente.

La Junta ha defendido el carácter finalista de este tributo, ya que prevé dedicar el ingreso a reactivar la zona burgalesa en que está radicada la instalación nuclear, cerrada desde 2012 y pendiente de desmantelamiento.

"Son residuos que tienen potencialidad para ser peligrosos, tienen una elevada vida útil, con consecuencias a largo plazo difíciles de predecir y cuantificar tanto para el medio ambiente como para la salud y hay un riesgo potencial de contaminación del agua el suelo y la atmósfera", remarcó la consejera para defender este nuevo tributo.

Por contra, el Grupo Socialista, como promotor de la enmienda de totalidad a este proyecto de ley, ha tachado de "chapuza" este impuesto y ha sostenido que su establecimiento puede convertir los depósitos de Garoña en definitivos y convertir esta instalación en el almacén de residuos que está pendiente de ubicar en España.

"El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia", ha explicado la diputada burgalesa Ester Peña.

El portavoz socialista en materia de Hacienda, José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque "al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España".

En opinión de Martín, el proyecto es "una chapuza" que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque "eso no se sostiene" porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.EFE

.

.