Critican que producción de energía fotovoltaica se deje a grandes fondos

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha criticado hoy que España entorpezca iniciativas sociales de producción de energía fotovoltaica o de autoconsumo dejando "en manos de grandes fondos internacionales" un activo como el sol.

Difundir que las horas de sol en el país, especialmente en comunidades como Andalucía, son un "activo irrenunciable" que podría "paliar las altas tasas de desempleo y los bajos niveles de renta" en muchas localidades es uno de los objetivos de la segunda edición del "Camino del Sol", una campaña que hoy recala en Cádiz.

Según esta asociación, la energía fotovoltaica se está dejando en manos de los fondos internacionales "como otrora quedó en manos de potencias extranjeras la riqueza mineral de nuestro subsuelo".

La asociación está formada por 62.000 familias que invirtieron en parques fotovoltaicos sociales al amparo de normativas que en 2004 y 2007 incentivaron a pequeños inversores y que luego vieron recortados sus beneficios primero en 2010, con el gobierno del PSOE, y después, hasta en un 50 por ciento, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP.

Rafael Barrera, director general de Anpier, ha explicado a Efe que con estos recortes se ha pretendido "expulsar" a los pioneros de la "generación social" de esta energía y vetar el interés por que surjan nuevas iniciativas.

Anpier calcula que si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltáica, una suerte de cooperativas, muchos pueblos obtendrían beneficios millonarios.

Sobre todo en territorios como Andalucía (con 3.127 horas de sol al año); Castilla-La Mancha (con 3.114); Murcia (con 3.182) o Extremadura (con 3.106), muy superior a la media de otros países europeos que apenas registran 1.720 horas solares para la producción de energía.

Para difundir los beneficios que podría generar una generación social fotovoltaica ha creado una aplicación, en la web del Camino de Sol (www.caminodelsol.org).

La aplicación indica, por ejemplo, que si dos de cada diez familias de Chipiona destinaran 16.500 euros a una instalación cooperativa de generación fotovoltaica, un parque de 26 MW, tendrían unos ingresos totales de 34 millones de euros transcurridos 25 años. En el caso del autoconsumo en viviendas privadas, si un 30 % de las familias de Chipiona instalaran sistemas de autoconsumo fotovoltaico lograrían, 25 años después, ahorrar 15 millones de euros.

Si se creara una planta para abastecer el 75 por ciento de las necesidades de edificios públicos y alumbrado municipal, las arcas municipales ahorrarían durante 25 años unos 24 millones de euros.

Con estas instalaciones Chipiona tendría "un beneficio total, al cabo de 25 años, de 52.530.000 euros" y "evitaría anualmente 21.125 toneladas de CO2".

En la campaña "Camino del Sol 2017" Anpier reclama al Gobierno un cambio normativo que evite que este sector se explote "en modo oligopolístico" y una compensación para las familias españolas "que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado y que luego sufrieron los recortes".

Anpier recuerda que el Banco Mundial indicó que el marco regulatorio español en este campo es "insotenible", en un laudo que condenó a pagar 128 millones de euros a la firma británica Eiser Infraestructure.

"Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este primer fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el Banco Mundial", apuntan.

Además recuerda que el Defensor del Pueblo ya pidió al Gobierno que adoptara "las medidas necesarias" porque "no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países".

Sin embargo, según apunta el director general de la asociación, "a día de hoy no vemos en el aire" que el Gobierno tenga intenciones ni de cambiar la normativa ni para resarcir a los inversores españoles afectados por los recortes de la reforma del sector eléctrico.

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