China lidia con el sector público

¿Es China realmente un país comunista? Después de 36 años de reformas económicas resulta lógico que muchos se hagan esta pregunta. No en vano, desde que Deng Xiaoping tomó las riendas del país y acuñó el contradictorio término de «socialismo con características chinas», el gigante asiático ha abrazado las señas de identidad del capitalismo como la economía de mercado o, incluso, el mercado de valores. Pero la hoz y el martillo siguen presentes en todas las instituciones, y hay un importante elemento que continúa relativamente fiel al comunismo que abanderó Mao Zedong: el de las empresas estatales.

Según la Cámara de Comercio Europea, y tomando como base su informe anual sobre la economía china, son el último bastión de un sistema caduco y un elemento de distorsión que dificulta tanto el acceso de las empresas extranjeras al mercado local como la plena integración del país en un mundo global. Porque no son pocas: se estima que hay más de 150.000 compañías de titularidad pública que emplean a unos 40 millones de personas.

Tampoco son pequeñas: gestionan activos por valor de 15 billones de euros. Nacieron más como órganos políticos que empresariales, y sirvieron para crear empleo sin importar que fuese redundante. Por eso, tanto su beneficio como la rentabilidad resultaban variables secundarias. Lo relevante era dar de comer a mil millones de personas.

Ahora, no obstante, algunas de estas empresas son gigantescos conglomerados como Sinopec, ICBC, o China Mobile, que se cuentan entre las mayores multinacionales del planeta y que han lanzado un agresivo proceso de internacionalización. Y luego existe una constelación de entidades mucho más modestas, controladas a su vez por gobiernos provinciales o locales.

Eso sí, todas se articulan en torno a gigantescos monopolios estatales que cierran industrias clave a cal y canto, se benefician tanto de subsidios como de financiación abundante y barata, y continúan destacando por su ineficiencia. De esa forma también tienen un impacto negativo en el propio desarrollo del país, ya que los consumidores en sectores como las telecomunicaciones o la energía no se benefician de la competencia que sí hay en el sector privado. Este último, por su parte, también ve lastradas así sus opciones de desarrollo.

Pero esta situación podría cambiar en breve si el Gobierno decide llevar a cabo la reforma del tejido público que prometió hace dos años, durante el Tercer Pleno del XVIII Comité Central del Partido Comunista. Y es lo que precisamente a finales del año pasado ratificó que hará el poderoso Consejo de Estado.

De hecho, llegó a publicar un documento en el que se trazan las líneas maestras de unos cambios que permitirán la entrada de capital privado en las empresas estatales, «para hacerlas más dinámicas e impulsar su competitividad», y que comenzarán a dar frutos antes de 2020. La reforma, que se ha tardado dos años en redactar y es la más ambiciosa desde la que llevó a cabo el primer ministro Zhu Rongji en la década de 1990, podría incrementar el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en un 0,33% anual.

Eso sí, en ningún caso el Gobierno cederá el control de las compañías públicas. El objetivo final, según anunció el vicepresidente de la Comisión para la Supervisión de Activos Estatales, Zhang Xiwu, «es fortalecer, aumentar, y mejorar el sector público». Y para lograrlo restringirá las inversiones de las empresas estatales en sectores que el Ejecutivo no considera estratégicos, a la vez que se deshará de activos que no resulten rentables.

¿Qué ritmo tomar?

La duda está en saber si eso supondrá la pérdida de numerosos puestos de trabajo, como con la reforma de Zhu. «Ello podría crear descontento en un momento delicado de transformación económica, justo cuando se han acabado las tasas de crecimiento de dos dígitos», argumenta el profesor de Economía de la Universidad de Fudan, Xu Anqi. «Por eso -advierte-, los cambios se han de realizar de forma muy escalonada».

No obstante, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Europea, Stefan Sack, demanda que los avances sean más rápidos. «Es una de las pocas cosas que pueden incentivar el crecimiento en la coyuntura actual», afirma. Diferentes empresarios consultados por este periódico, y que piden mantenerse en el anonimato, reconocen que la situación es complicada. Es más, en muchos casos se ve incluso una regresión hacia actitudes proteccionistas.

«Aunque es evidente que se han dado pasos adelante, sobre todo en cuestiones como la protección de la propiedad intelectual, la lista negativa de negocios que tenemos vetados es aún excesivamente larga para un país que ingresó en la Organización Mundial del Comercio en 2001. Y, como las empresas estatales son poco competitivas, vemos que hay sectores donde suben las trabas para acceder al mercado», comenta el directivo de una empresa energética.

Gordon Orr, consejero de la consultora McKinsey, es de la misma opinión y considera que la guía del Gobierno chino para la reforma es insuficiente. «Es una forma de decir que va a hacer lo que dijo que haría, pero que todavía no ha hecho», ironiza. Y si algo no va a cambiar es el hecho de que las empresas estatales seguirán rigiéndose por objetivos más políticos que empresariales.

De esta forma, lo que Pekín anuncia como la lidia de un toro bravo puede resultar, en realidad, un espectáculo de vaquillas con los cuernos limados. «En el proceso de reforma el liderazgo del Partido sólo puede fortalecerse, nunca debilitarse», avanzó Zhang para decepción de muchos. Pero es que, China, al fin y al cabo, sigue siendo un país comunista.